[1]WASHINGTON (BP) — Arizona se ha convertido en el estado que más recientemente ha bloqueado fondos para Planned Parenthood y otros proveedores de abortos.
La gobernadora Jan Brewer firmó el 4 mayo la ley que prohíbe que el dinero estatal para la planificación familiar vaya a organizaciones que hacen abortos. La nueva ley, la Ley de la Prioridad del Financiamiento de la Salud Integral de la Mujer, da prioridad en el financiamiento de la planificación familiar a proveedores que ofrezcan servicios completos para el cuidado de la mujer.
En 2011 fracasó un esfuerzo en manos del Congreso de los EE UU para eliminar fondos federales para Planned Parenthood, pero las acciones legislativas o legales ocurridas el año pasado en nueve estados redujeron los fondos para el mayor proveedor nacional de abortos, según la Lista de Susan B. Anthony (SBA), quien está a favor de la vida.
“La nación está abriendo los ojos estado por estado ante los disparates de Planned Parenthood,” dijo C. Ben Mitchell, un bautista del sur experto en bioética.
Mitchell, profesor de filosofía moral en Union University en Jackson, Tenn., y consultor de biomedicina y asuntos de la vida para la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, felicitó a Brewer “por eliminar el financiamiento estatal para una organización que ha comprobado ser una dirigida mayormente por una ideología que por un afán verdadero de servir a las mujeres en sus necesidades de salud. Los contribuyentes no deben ser forzados a financiar abortos en ningún estado.”
Las cortes están considerando retar esos recortes en algunos estados, así como bloquear la aplicación de los mismos.
[2]La acción más reciente de una corte, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans falló el 4 de mayo que Texas no puede aplicar una prohibición de financiamiento estatal para Planned Parenthood y otros proveedores de abortos mientras que una demanda esté avanzando ante un juez federal.
Al firmar la ley en Arizona, Brewer, una republicana, la describió como una “ley de sentido común que aprieta las regulaciones estatales actuales y cierra las lagunas jurídicas para asegurarse que los dólares de los contribuyentes no sean usados para financiar abortos, ya sea directa o indirectamente.”
La Lista SBA y Alliance Defense Fund redactaron un borrador de una legislación en la cual se basa la nueva ley.
Marjorie Dannenfelser, presidenta de la Lista SBA, dijo que la medida “reconoce que las mujeres merecen un cuidado integral, no abortos.”
Planned Parenthood Federation of America (PPFA) y sus afiliados todavía se benefician grandemente de los gobiernos federales, estatales y locales — al haber recibido $487,400 millones en subsidios, contratos y reembolsos entre el 2009-10, el año más reciente del cual hay estadísticas.
Ese dinero ayuda en el apoyo de una organización que hizo 329,445 abortos en el 2010. Esta cantidad equivale a más de un cuarto de los procedimientos letales hechos en los Estados Unidos ese año.
La orden de la Corte del Quinto Circuito provino en un caso que involucra una nueva ley en Texas que prohíbe que el estado haga contratos con organizaciones que “hagan o promuevan abortos optativos o con entidades afiliadas que hagan o promuevan abortos optativos” usando un programa de salud para mujeres de escasos recursos. La prohibición supuestamente sólo afecta a Planned Parenthood. Más de 1,000 proveedores de servicios de salud certificados por el programa supuestamente no están afiliados con clínicas de abortos.
La administración de Obama anunció que no financiará el programa bajo la ley y está considerando otorgar subsidios directos a Planned Parenthood. El gobierno federal provee cerca del 90 por ciento del dinero para el programa mencionado.
El gobernador Rick Perry dijo que planea que el estado compense la diferencia en el financiamiento del programa, creada por el retiro de fondos del gobierno federal.
En los papeles presentados por el Quinto Circuito, el estado dijo que clausuraría el programa si se le ordenara incluir a Planned Parenthood.
PPFA, la cual ha estado plagada de varios escándalos serios en años recientes, es el blanco de una investigación congregacional. Cliff Stearns, representante republicano en Florida, líder del sondeo que efectúa el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, ha solicitado a Planned Parenthood auditorías, documentación, pólizas y procedimientos relacionados con asuntos tales como cobros inapropiados, segregación de fondos federales para servicios de abortos y el reporte de un supuesto abuso sexual y tráfico humano. Aunque el dinero federal no va directamente al pago de los abortos, los defensores de la vida contienden que millones de dólares en fondos federales liberan otras contribuciones para Planned Parenthood para promocionar y hacer abortos.
Las investigaciones secretas realizadas por organizaciones a favor de la vida descubrieron que unos empleados de PPFA demostraban estar dispuestos a ayudar a supuestos traficantes de sexo cuyas prostitutas supuestamente eran adolescentes, intentando así encubrir supuesto abuso de menores de edad y, en otra ocasión, acordando recibir donaciones designadas para abortos de bebés afroamericanos.
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Compilado por Tom Strode, jefe del buró de Baptist Press en Washington.