[1]WASHINGTON (BP) — Los centros provida de cuidado de embarazo han obtenido una audiencia ante la Corte Suprema de EE.UU. en su intento por ser liberados de promover el aborto.
La corte alta anunció el lunes (13 de noviembre) que fallaría sobre una ley de 2015 de California que requiere que los centros provida para embarazos les notifiquen a sus clientas la disponibilidad de servicios de aborto en otro sitio. Se espera que los jueces oigan los argumentos orales del caso en este período y pronuncien un juicio antes de que levanten la sesión el siguiente verano.
La Ley FACT, como es conocida, es parte de un esfuerzo continuo de los defensores de los derechos al aborto y de sus legisladores aliados en ciudades y estados para limitar el impacto de los centros provida que proveen servicios gratuitos a mujeres embarazadas. Con la ayuda de las máquinas de ultrasonido que demuestran la humanidad del niño nonato, los centros provida están ayudando a mujeres a decidir dar a luz. Los servicios de los centros también incluyen consulta médica, ropa para bebé y pañales, entrenamiento de trabajo, programas de orientación, clases prenatales y de formación de padres.
El bautista del sur especialista en ética, Russell Moore expresó esperanza de que la Corte Suprema “actúe para proteger la libertad en vez de forzar a las organizaciones a promover la depredadora industria que busca explotar a las mujeres a las que ellos buscan servir.”
“Los centros de crisis de embarazo están en contra de la cultura de la muerte — ofreciendo apoyo y alternativas dadoras de vida,” dijo Moore, presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC por sus siglas en inglés), en comentarios escritos para Baptist Press. “Forzar a estos centros a hacer publicidad a nombre de la industria del aborto es profundamente anti Estados Unidos e impensablemente equivocado.”
El Instituto Nacional de la Familia y Defensores de la Vida (NIFLA por sus siglas en inglés) — una red nacional de más de 1,400 centros provida de embarazo que demandaron al estado — aplaudieron la decisión de la corte de conceder revisión del caso. Más de 100 de los centros de embarazo a los que NIFLA provee asesoría legal, educación y entrenamiento están en California.
La ley de California “se cuenta entre las más flagrantes violaciones de los derechos constitucionales de la libertad religiosa y de la expresión en la nación,” dijo Thomas Glessner, presidente de NIFLA en una declaración escrita. Las implicaciones del fallo de los jueces repercutirán a nivel nacional,” dijo.
Illinois y Hawaii han promulgado leyes que son similares a las de California.
Kevin Theriot, asesor sénior de la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF por sus siglas en inglés), dijo después del anuncio de la corte alta: “Forzar a alguien a proveer publicidad gratuita a la industria del aborto es impensable — especialmente cuando es su gobierno el que está ejerciendo la fuerza. El estado debe proteger la libertad de expresión y la libertad de expresión forzada. La información acerca del aborto está casi en todo lado, así que el gobierno no necesita castigar a los centro provida por declinar publicitar, por el simple acto de que ellos no pueden promover.”
ADF está representando a NIFLA y a dos centros de embarazo en la objeción a la Ley Reproductiva FACT.
Los partidarios de los derechos al aborto argumentaron que la ley de California les provee a las mujeres la información necesaria.
“Las mujeres merecen tener todos los hechos en orden para hacer las mejores decisiones sobre su propia salud, vida y futuro,” dijo Amy Everitt, directora estatal de NARAL Pro-elección California.
La Ley Reproductiva FACT requiere que los centros autorizados de embarazo pongan un letrero para las clientas que diga: “California tiene programas públicos que proveen acceso inmediato gratis o a bajo costo a servicios integrales de planificación familiar (incluyendo todos los métodos anticonceptivos aprobados por FDA), cuidado prenatal, y aborto para mujeres elegibles. Para determinar si usted califica, contacte la oficina de servicio social del condado al [inserte el número de teléfono].”
La ley también ordena que cada centro no autorizado avise que “no está autorizado como instalación médica por el estado de California y que no tiene un proveedor médico autorizado que suministre o directamente supervise la prestación de servicios.”
Bajo la ley, la multa por la primera contravención es de $500, mientras que cada subsecuente infracción puede resultar en una multa de $1,000.
En octubre de 2016, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de EE.UU. en San Francisco — al igual que un juez federal antes de esta — rehusó conceder un mandato que bloqueara la ley de California. En su veredicto, el panel del Noveno Circuito dijo que la ley no viola las protecciones de la libertad de expresión o la libertad del ejercicio de la religión de la Primera Enmienda. La ley “no discrimina con base en un punto de vista,” dijo el panel de tres jueces.
Los gobiernos locales también han puesto requerimientos de expresión en los centros provida de embarazo mandando que se coloquen letreros, por ejemplo, que digan que ellos no proveen abortos o anticonceptivos ni hacen referencias para los servicios. Las cortes han invalidado todas o la mayoría de tales órdenes en Austin, Texas; Baltimore; condado Montgomery, Maryland; y New York City.
La ERLC ayuda a los centros de embarazo enfocados en el evangelio a través de su Proyecto Salmo 139, el cual provee fondos para comprar y colocar máquinas de ultrasonido en tales centros.
El ministerio en los centros provida de embarazo estará entre los temas de la tercera conferencia Evangélicos por la Vida (EFL por sus siglas en inglés), la cual está programada para el 18-20 de enero en Washington, D.C. Anne O’Connor, vicepresidenta de asuntos legales de NIFLA, hablará en la conferencia. La ERLC y Enfoque a la Familia son copatrocinadores de la conferencia.