[1]HOUSTON (BP) – La entidad de ética de la Convención Bautista del Sur pidió una pronta acción del Congreso después de que una corte federal detuviera el programa que ha impedido la deportación de inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.
Andrew Hanen, un juez federal de Houston, dictaminó el 16 de julio que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) infringe la ley estadounidense al suplantar la autoridad del Congreso con relación a inmigración. La orden de Hanen no afecta a los actuales beneficiarios de DACA ni prohíbe las solicitudes, pero sí prohíbe la aprobación de cualquier petición de entrar al programa.
La decisión pone fin a un programa establecido por una orden ejecutiva del 2012 del presidente Obama para proteger a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años. DACA proporciona una ventana de dos años de protección de la deportación y hace a los participantes elegibles para beneficios que incluyen un permiso de trabajo.
Un remedio legislativo para el problema de los inmigrantes menores indocumentados comúnmente conocidos como Dreamers – una etiqueta que proviene del nombre de un proyecto de ley introducido para proteger esta categoría – nunca ha recibido la aprobación ni del Senado ni de la Cámara de Representantes en la misma sesión desde que fue presentado en 2001. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reportó que había más de 616.000 beneficiarios activos de DACA a finales de marzo.
“Una vez más, la inacción del gobierno está perjudicando a las personas,” dijo Daniel Patterson, presidente en funciones de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC), en comentarios escritos emitidos por la Mesa Evangélica de Inmigración (EIT). “Esta decisión de la corte confirma que se necesita una solución [legislativa] justa y equitativa para nuestro sistema de inmigración que no funciona.
“Demasiados inmigrantes viven innecesariamente en constante miedo,” dijo Patterson. “No tiene que ser de esta manera. Los cristianos no deben vacilar a la hora defender a estos compañeros hechos a la imagen de Dios.”
[2]Como miembros de la EIT, la ERLC ha apoyado durante varios años una solución legislativa permanente para este grupo de inmigrantes indocumentados.
Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos, dijo en el comunicado de prensa de EIT: “Como evangélicos hispanos que saben de primera mano las contribuciones [de los Dreamers] lamentamos esta decisión que impacta a miles de hijos de Dios y pedimos una inmediata decisión bipartidista” en el Congreso.
El presidente Biden describió el fallo de Hanen como “profundamente decepcionante” y dijo que el Departamento de Justicia lo apelaría. En una declaración escrita, Biden reiteró “con la mayor urgencia” su llamado a que el Congreso apruebe una legislación que resuelva el problema. En su primer día en el cargo en enero, Biden emitió un memorando para fortalecer y mantener DACA.
En su opinión de 77 páginas a favor de la impugnación de Texas y otros ocho estados, Hanen dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó la ley de Derecho Administrativo (APA) al crear DACA. La APA rige la manera en la que las agencias federales establecen y emiten normas.
El Congreso “no le ha dado al DHS el poder de implementar DACA,” escribió Hanen. Desde que DACA fue implementada, el Congreso “ha continuado considerando y rechazando propuestas para proteger a una población similar a DACA,” escribió el juez. “El poder ejecutivo no puede simplemente promulgar su propia política legislativa cuando no está de acuerdo con la elección [del Congreso] de rechazar la legislación propuesta.”
La administración Trump rescindió DACA, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la acción en junio de 2020, y decretó que la acción era “arbitraria y caprichosa” bajo la APA. La corte alta dijo que la administración puede revocar DACA, pero la manera en que lo hizo en 2017 no cumplió con los requerimientos de la ley federal.
El esfuerzo de proporcionarles una solución a los Dreamers es solamente uno de los muchos asuntos involucrados en reformar el sistema estadounidense de inmigración. Un estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados están en Estados Unidos, pero los esfuerzos por promulgar una medida integral han fracasado.
En 2011 y 2018, los mensajeros a la reunión anual de la Convención Bautista del Sur adoptaron resoluciones sobre la reforma de inmigración que pedían la seguridad de la frontera y el establecimiento de “un camino justo y compasivo al estatus legal,” con medidas restitutorias para los inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos.
Casi tres cuartas partes de los estadounidenses apoyan la concesión de un estatus legal a los inmigrantes indocumentados traídos a través de la frontera cuando eran niños, de acuerdo con una encuesta de junio de 2020 realizada por el Centro de Investigación Pew. La encuesta mostró que el 74 por ciento de los estadounidenses están a favor de conceder el estatus legal, mientras que el 24 por ciento se oponen a él. Por partido político, el 91 por ciento de los demócratas y el 54 por ciento de los republicanos están a favor.
La Cámara de Representantes aprobó en marzo por 228 votos a favor y 197 en contra un proyecto de ley para poner a los Dreamers en un camino al estatus de residentes permanentes si cumplen con requisitos específicos, como pasar una verificación de antecedentes y alcanzar un cierto nivel educativo o servir en el ejército de Estados Unidos.
En el Senado, el senador Richard Durbin, demócrata de Illinois, ha presentado la Ley Dream, con el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur como el líder republicano patrocinador. Durbin propuso primero en 2001 la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM), que dio lugar a que los cubiertos con esta medida fueran conocidos como Dreamers.
La nueva medida, dijo Durbin, permitiría que los Dreamers pudieran obtener un estatus legal y finalmente la ciudadanía si cumplen requisitos tales como un estatus educativo concreto, un empleo legal durante un mínimo de tres años o servicio en el ejército estadounidense; la superación de una comprobación de antecedentes y la ausencia de antecedentes por delitos graves o de otro tipo; y la habilidad de hablar inglés.