HIDALGO, México (BP) – Más de 150 bautistas forzados a abandonar sus hogares debido a su fe están protestando contra un plan del gobierno local que les permite regresar a casa solamente si pagan a sus perseguidores $9,026, dijo CSW (anteriormente Solidaridad Cristiana Mundial) el 16 de mayo.
Bajo el plan ofrecido por la ciudad de Huejutla de los Reyes, los miembros de la Iglesia Bautista La Gran Comisión pagarían la multa colectiva (150,000 pesos mexicanos) a los mismos líderes católicos romanos de la comunidad que los forzaron a abandonar sus hogares y propiedades, dijo CSW, y continuarían sufriendo restricciones a la libertad religiosa impuestas bajo la Ley de Usos y Costumbres.
A tres familias se les seguiría prohibiendo la entrada a sus hogares, y los líderes de la comunidad católica romana no se enfrentarían a ninguna sanción.
El pastor de la Iglesia Bautista La Gran Comisión, Rogelio Hernández Baltazar y el líder de la iglesia, Nicolás Hernández Solórzano, protestaron contra el plan del gobierno en una conferencia de prensa celebrada el 15 de mayo. Las familias desplazadas, inicialmente refugiadas en el edificio de la Presidencia Municipal, han sido trasladadas a otro lugar y dependen de las donaciones de la comunidad y de la ayuda de las iglesias locales para obtener alimentos y agua.
Anna Lee Stangl, responsable de abogacía de CSW, calificó el plan de “indefendible”.
“Al impulsar este acuerdo ilegal, se hacen cómplices de las continuas y atroces violaciones de la libertad de religión o creencias en Coamila y Rancho Nuevo”, dijo Stangl en un comunicado de prensa. “Esto es inaceptable en un país democrático como México, que garantiza la libertad de religión o creencia para todos en su constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos de las que forma parte”.
Los bautistas se vieron obligados el 26 de abril a huir de sus hogares en Coamila y Rancho Nuevo, comunidades indígenas de habla náhuatl en Hidalgo, después de que los líderes de la aldea les cortaran la electricidad, vandalizaran y bloquearan el acceso a algunas de sus casas y de la iglesia, y apostaran guardias en los puntos de entrada de cada aldea.
Los desplazados, que en un principio eran 139, pasaron de 150 al incluir a los que estaban trabajando fuera de las aldeas el 26 de abril y a los que no se permitió regresar a sus hogares.
CSW instó a los gobiernos estatal y federal de Hidalgo a intervenir urgentemente “para dejar claro que la libertad de religión o creencia se extiende a todos, incluso en el municipio de Huejutla de los Reyes, independientemente de su identidad etnolingüística y de su religión o creencia”.
A pesar de la garantía de la libertad religiosa en la Constitución Mexicana, un sistema jurídico dual permite a las comunidades indígenas locales regirse por la Ley de Usos y Costumbres. Estas leyes, que varían según el pueblo y las costumbres, se explotan a menudo contra las minorías religiosas, según han denunciado varios grupos de vigilancia de la libertad religiosa.
Las violaciones se han intensificado en los pueblos desde el 2015, dijo CSW, con las autoridades locales en repetidas ocasiones tratando de obligar a los bautistas a participar en festivales religiosos católicos romanos. Las autoridades locales han intentado obligar a los miembros de la iglesia a apoyar monetariamente los eventos católicos y a participar activamente en actos de culto.
Los protestantes de varios pueblos de Hidalgo también se han enfrentado a fuertes palizas, falta de acceso a atención médica, detención arbitraria, discriminación laboral y confiscación de propiedades. A los niños de minorías religiosas se les ha impedido desde 2018 asistir a la escuela local.
Hidalgo tiene uno de los números más altos de estos casos en México, dijo CSW, y el gobierno local se niega a citar las acciones como violaciones a la libertad religiosa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos y el organismo de vigilancia de la persecución Open Doors han informado que las leyes aduaneras y de uso han llevado a la persecución de las minorías religiosas en México.
Open Doors situó a México en el puesto 37 de su lista de los 50 países donde los cristianos sufren más persecución.
