[QUOTE@right@180=“Esta propuesta de ley es un intento transparente de contraataque a nombre de Planned Parenthood.” — Russell Moore] SACRAMENTO, Calif. (BP) — La legislatura de California ha avanzado en una legislación instigada por Planned Parenthood que penalizaría aún más los esfuerzos de los informantes. Este fue un movimiento al cual se opusieron los partidarios pro vida y de los derechos civiles.
El Senado de California aprobó una ley enmendada el 31 de agosto que aumenta el castigo para una persona que distribuya una conversación con un empleado que ofrezca asistencia médica — tal como un empleado de Planned Parenthood — que el primero haya grabado en secreto. Antes de la enmienda, la ley incluso penalizaba a quienes distribuían una grabación a través del internet o de las redes sociales y otros medios sin que ellos mismos hayan participado en la grabación hecha en secreto.
Planned Parenthood Affiliates of California instó la presentación de esta medida, según Columbia Journalism Review (CJR), después de que se dieran a conocer el año pasado unos videos grabados en secreto donde se muestran a los oficiales de Planned Parenthood discutiendo sobre la venta de órganos provenientes de los bebés abortados. La serie de videos grabados en secreto en varios estados presentan a ejecutivos de Planned Parenthood conversando sobre la venta de partes fetales, así como su disposición personal para manipular el proceso del aborto para preservar los órganos que venderán y usarán.
Russell Moore, presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, dijo que las grabaciones encubiertas de los oficiales de Planned Parenthood “Exponen una operación de tráfico de humanos presentada como servicios de salud.”
“Esta propuesta de ley es un intento transparente de contrataque a nombre de Planned Parenthood, y deja a las mujeres, niños y comunidades en una posición más vulnerables a la explotación,” dijo Moore en unos comentarios escritos para Baptist Press. “Cualquiera que se preocupe genuinamente por la protección de los servicios de salud debe oponerse a este exceso y continuar apoyando las leyes que hagan que estas organizaciones médicas rindan cuentas por lo que hacen.”
Lila Rose, quien participó en la grabación encubierta de otros videos dentro de algunas clínicas de abortos, acusó a Planned Parenthood de “atacar descaradamente la Primera Enmienda, con la ayuda y complicidad de los legisladores de California que están protegiendo a un gran donador de fondos para la campaña.”
“Cuando el público financia la mitad de las operaciones de Planned Parenthood, debe tener derecho a saber que ese dinero no se está usando para quebrantar la ley o cometer abusos, y el gobierno debe estar avanzando en hacer que las cosas sean más transparentes, no menos,” dijo el presidente de la organización pro vida Live Action, en una declaración escrita.
“Esta propuesta de ley no protege a las mujeres; de hecho, pone a Planned Parenthood por encima de la ley y le permite esconder del público las actividades potencialmente ilegales y abusivas. Si esta propuesta de ley es aprobada en California, Planned Parenthood pudiera intentar que se aprueben prohibiciones similares por todo el país.”
American Civil Liberties también se opone a la propuesta de ley a pesar de la enmienda, reportó The Sacramento Reporter.
Además, el periódico The Los Angeles Times se negó en una editorial a unirse al bando que apoya la propuesta de ley después de la enmienda, diciendo que las nuevas penalidades fueron “simplemente hechas para satisfacer a un grupo con un interés específico que es popular entre los demócratas de Sacramento.”
La legislación, escribió The Times, “va a desincentivar aún más a los soplones para que no graben actividades ilícitas cuando las ven — por ejemplo, un paciente que ve a su doctor manejar recetas de opioides como si fueran caramelos, o a un granjero que descubre a un veterinario aprobando que una vaca enferma sea llevada al matadero. El potencial de las consecuencias no anticipadas y no bienvenidas es enorme.”
Algunas organizaciones de noticieros — aparentemente satisficieron sus preocupaciones sobre los periodistas potencialmente afectados — abandonaron su oposición en contra de la propuesta de ley una vez que fue enmendada, según los reportajes.
El Senado aprobó una propuesta de enmienda en una votación partidista de 26 vs 13, donde los demócratas eran la mayoría. La Asamblea Estatal, la cual aprobó una versión anterior de esta ley, debe aprobar la enmienda antes de que llegue ante el Gobernador Jerry Brown.
Una persona fue inculpada por violar la prohibición de distribución y pudiera enfrentar hasta un año de cárcel como pena máxima además de una multa de $2,500.
California y otros 11 estados ya tienen leyes que prohíben la grabación de conversaciones privadas sin la aprobación de todas las partes involucradas, según CJR.
Planned Parenthood y sus afiliados recibieron $553.7 millones en fondos del gobierno y reembolsos, según su reporte financiero más reciente (2014-15). Los afiliados de Planned Parenthood — los cuales conforman el mayor proveedor de abortos del país — realizaron 323,999 abortos durante el 2013-14, los años más recientes de las estadísticas que están disponibles.
Después de darse a conocer los videos hechos por el Center for Medical Progress, con sede en California, el Congreso — controlado por los republicanos- aprobó las peticiones hechas por cinco paneles diferentes. Uno de esos — el Panel Selecto de Investigaciones sobre la Vida Infantil en la Cámara de Representantes — ha reportado su investigación sobre el comercio de tejido fetal y ha encontrado un “motivo para ganancia ilícita.”
Una ley federal de 1993 prohíbe los pagos más allá de los costos razonables para la realización de tales actividades como el proceso, almacenamiento y transporte de tejido fetal humano.
Ambos, el Senado y la Cámara de Representantes, aprobaron una legislación que hubiera eliminado cerca del 90 por ciento del financiamiento federal de Planned Parenthood, pero el Presidente Obama vetó la propuesta de ley en enero. Un intento de la Cámara para invalidar el veto se quedó corto en la votación, sin alcanzar el requisito de tres cuartos de la mayoría.
Aunque el gobierno federal ha fracaso en despojar de fondos a Planned Parenthood, por lo menos 12 estados han recortado sus fondos para la organización mencionada. En algunos casos, los jueces han bloqueado dichas acciones.
