[1]AUSTIN, Texas (BP) — La aparente falta de supervisión en relación a la donación de tejido fetal humano y la posible sinuosa implementación de políticas que supervisan la regulación de las 22 instalaciones de abortos de Texas atrajeron el enfoque durante la audiencia del 29 de julio del comité de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) del Senado de Texas.
Los senadores buscaban determinar si las leyes del estado fueron violadas luego de la revelación de que proveedores de abortos de Texas, particularmente Planned Parenthood Gulf Coast (PPGC), pueden haber vendido órganos fetales abortados con ánimo de lucro.
Las investigaciones son en respuesta a videos encubiertos divulgados por el Centro para el Progreso Médico (CMP por sus siglas en inglés), que presumiblemente mostraban la venta ilegal de órganos fetales a individuos que actuaban como representantes de una compañía biomédica. El comité de HHS escuchó testimonios del fiscal general de Texas Ken Paxton, de los comisionados del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS por sus siglas en inglés), del comisionado de Salud y Servicios Humanos de Texas, y de representantes de la organización pro-vida de Texas. Los representantes de Planned Parenthood fueron invitados a testificar pero respondieron a través de una carta en la que se rehusaban a aparecer, donde la presidenta de PPGC descarta la audiencia como una farsa y una “astucia política.”
El senador Charles Schwertner, presidente del comité de HHS, llamó a la audiencia de emergencia para determinar si las leyes estatales o federales fueron quebrantadas en relación a la adquisición y diseminación de restos fetales y para determinar cuáles, si existen, estatutos y estipulaciones se han formulado para monitorear el programa. La ley federal prohíbe la venta de tejidos y órganos fetales pero permite la donación de tales restos.
El 15 de julio, Paxton anunció que su oficina había iniciado una investigación en lo que él dijo es la” matanza calculada de Planned Parenthood de bebés humanos para maximizar la disponibilidad de partes del cuerpo que planean vender.”
Durante su testimonio, Paxton no pudo contestar preguntas específicas debido a la investigación en curso pero sí reconoció que su oficina tenía “horas de grabaciones de video que involucran a la rama de Planned Parenthood de Texas.” Paxton dijo que los videos “parecen ser consistentes” con las grabaciones divulgadas en semanas recientes que revelan conversaciones entre los investigadores encubiertos y funcionarios de alto rango de Planned Parenthood.
[2]“Pero más que cualquier fechoría que involucra la venta de partes abortadas de bebés está la verdad fundamental: la verdadera abominación en todo esto es la institución del aborto,” dijo Paxton.
Un video de CMP, divulgado el 4 de agosto, se enfoca exclusivamente en la instalación insignia de PPGC en Houston. En el video, se escucha a la directora de investigación de PPGC Melissa Farrell discutiendo el pago por restos fetales humanos. El personal de PPGC también discute la edad gestacional de los bebés abortados como de entre 16 a 22 semanas. La ley de Texas prohíbe los abortos pasadas la 20 semanas excepto en la más terrible de las circunstancias para la madre.
El testimonio de los comisionados de DSHS Kirk Cole y Kathryn Perkins y el comisionado ejecutivo de Servicios Humanos y de Salud de Texas Chris Traylor revelaron la ausencia de supervisión estatal o de la donación regulada federalmente de tejido fetal. Aunque DSHS regularmente inspecciona las clínicas de abortos y los centros quirúrgicos ambulatorios para el cumplimiento del estatuto estatal, la encuesta de los agentes no incluye la investigación del protocolo del tejido fetal abortado y la donación de órganos.
Y mientras los inspectores de DSHS determinan si las clínicas cumplen con la política estatal relacionada a la operación general de la clínica, no hay otro medio por el cual los agente revisen los procedimientos de abortos para asegurar que están realizados de acuerdo a la ley sino revisando records médicos seleccionados. Pero en los primeros dos videos de CMP, sobresalientes doctores de Planned Parenthood dijeron que la presentación en el útero del bebé algunas veces es alterada para poder optimizar la obtención de órganos ilesos.
Kathyrn Perkins, comisionada de DSHS para los servicios regulatorios, y Abby Johnson, exdirectora de Planned Parenthood de Bryan-College Station, ofrecieron testimonios conflictivos en relación a la espontaneidad de las inspecciones de las clínicas.
Perkins le dijo al comité que las inspecciones de las clínicas de abortos se realizaban sin previo aviso cada 10 a 14 meses en las clínicas proveedoras de abortos hasta las 16 semanas de embarazo y una vez cada tres años en los centros quirúrgicos ambulatorios que realizan abortos en las semanas 16 a 20 de gestación.
“Eso es abiertamente falso,” les dijo Johnson a los miembros del comité. “Sabíamos exactamente cuando iban a llegar… Se nos permitía sacar (records) con anticipación de manera que podíamos eliminar gráficos y asegurarnos de que todo se viera exacto antes de que fueran revisados.”
La clínica de Johnson era parte del grupo de clínicas Planned Parenthood asociadas a PPGC. Ella dijo que otros administradores de clínicas PPGC también sabían cuando DSHS iban a llegar a hacer inspecciones.
Cuando el comité del Senado luego trajo de vuelta a los comisionados, se le preguntó a Perkins si los empleados de la clínica de abortos eran notificados de las inspecciones de DSHS.
“No que yo supiera,” respondió Perkins. “De lo que estaba hablando era de nuestras actuales políticas y procedimientos y cómo hacemos las cosas.”
El estatuto manda inspecciones sin previo aviso. Perkins dijo que investigaría si agentes y directores de clínicas estaban en comunicación acerca de las inspecciones venideras.
Johnson también disputó las aseveraciones de Cecile Richards, presidenta de la Federación de Planned Parenthood de EE.UU., de que las clínicas de abortos son meramente reembolsadas por los costos de obtener, almacenar y expedir tejidos y órganos fetales abortados. Los videos encubiertos indican una gama negociable de precios por los órganos.
Johnson, quien dejó la industria del aborto en 2009, testificó que la clínica de Bryan-College Station recibía “$200 en compensación por bebé.” Ella dijo que el gasto para la clínica por recolectar y almacenar los restos fetales es insignificante. El único costo en que su clínica pudo haber incurrido sería de $5 a $10 por gastos de envío.
“No $200. Esa es pura ganancia para Planned Parenthood,” dijo Johnson.
Johnson calculó que la clínica de abortos PPGC Houston, que recolecta 260 libras de restos fetales cada mes, podría hacer hasta $120.000 al mes.
El senador Charles Perry, republicano de Lubbock, preguntó que si el estado podía examinar los records financieros de la clínica como parte de las inspecciones regulares para determinar si la sin fines de lucro Planned Parenthood está operando verdaderamente como tal. Revisar los records financieros no es parte de la inspección de DSHS.
En su carta al presidente del comité de HHS el senador Charles Schwertner, la presidenta de PPGC Melaney A. Linton dijo: “Creemos que este comité no tiene deseos de tener una audiencia responsable, justa y guiada por los hechos. De hecho, a este comité le importa más la astucia política que la verdad.”
La carta de Linton y la de Kenneth Lambrecht, presidente de Planned Parenthood Greater Texas (PPGT) — una asociación de las clínicas de Planned Parenthood en el norte y centro de Texas — fueron recibidas por el comité solamente 30 minutos antes de la reunión a pesar de las repetidas indagaciones de parte de los miembros del senado la semana antes que buscaban la confirmación de la participación en la audiencia de los proveedores de abortos.
Perry señaló durante los comentarios de apertura: “El que Planned Parenthood no esté aquí muestra el desprecio que le tiene a este proceso y a este comité.”
La senadora Lois Kolkhorst, republicana de Brenham, concordó. Ella llamó a la carta “una afrenta a nosotros como funcionarios elegidos.”
Schwertner señaló que la declaración escrita de PPGC no sería incluida dentro del registro porque la organización no presentó la requerida tarjeta de testimonio con la declaración. A más de tres horas de iniciada la audiencia de cuatro horas y media, Deborah Hiser, abogada que representa a PPGC, llegó a la audiencia para llenar el formulario apropiado.
Schwertner repetidamente le preguntó si ella quería testificar a nombre de sus clientes, pero Hiser declinó declarando que el proveedor de abortos estaba bajo una investigación activa y había sido citado legalmente por Paxton.