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Política Mexico City: El Senado procura hacer permanente la política internacional pro-escogencia


WASHINGTON (BP)–Un comité del Senado ha reexpedido a toda la cámara la legislación que afianzaría la revocación de una prohibición de usar fondos federales para organizaciones que realizan o promueven los abortos en el extranjero.

El Comité de Apropiación aprobó una enmienda hecha por el senador Frank Lautenberg, demócrata de New Jersey, que codificaría la revocación del 2009 de la política Mexico City (Ciudad de México) realizada por el presidente Obama. La votación del 29 de julio en apoyo al proyecto de ley de gasto en conjunto de Operativos Extranjeros y Estatales que incluyó la enmienda fue de 18 a 12.

Si la enmienda al proyecto de ley es aprobada y firmada por el presidente Obama, entonces un futuro presidente pro-vida no podría reinstalar la política Mexico City con una orden ejecutiva. Requeriría una acción del congreso — una barrera mucho más alta.

Cuando estuvo en efecto, la política prohibía que organizaciones internacionales de planificación familiar recibieran fondos federales a menos que ellos estuvieran de acuerdo en no realizar abortos o aconsejar practicarlos o cabildear para liberalizar las políticas pro-vida de gobiernos extranjeros. Los oponentes la llaman la regla de la “mordaza global.”

Obama derogó la política en el 2009 durante su primera semana en la Casa Blanca. Sin embargo, un presidente subsiguiente podría reinstalar la política. Si la enmienda de Lautenberg se vuelve ley, se requerirían una nueva acción congregacional y la firma del presidente para revocarla.

La política Mexico City ha tenido una historia fluctuante. Iniciada por el presidente Reagan y anunciada en una conferencia en la Ciudad de México en 1984, estuvo en vigencia hasta 1993, cuando el presidente Clinton la rescindió en su segundo día completo en la Casa Blanca. El presidente George W. Bush la rehabilitó exactamente ocho años después.

Solamente dos organizaciones — la International Planned Parenthood Federation (Federación Internacional de Paternidad Responsable) y Marie Stopes International — rehusaron cumplir con la política Mexico City durante los años recientes que estuvo en efecto y por lo consiguiente le fueron rehusados los fondos, de acuerdo a Demócratas por la Vida de América. Hubo 650 organizaciones que aceptaron el dinero federal bajo las restricciones, reportó Demócratas por la Vida.

La reacción por la acción del comité colapsó como se esperaba, con los defensores de pro-vida en oposición y los activistas de pro-escogencia a favor. Entre las organizaciones en apoyo a la enmienda de Lautenberg están Planned Parenthood Federation of America, NARAL Pro-escogencia América, la ACLU, Información Sexual y el Consejo de Educación de EE. UU. (SIECUS por sus siglas en inglés), el Club Sierra, la Junta General de la Iglesia y la Sociedad de la Iglesia Metodista Unida y la Asociación de Congregaciones Unitarias Universalistas.

Entre los grupos que respaldan la política Mexico City están la Comisión de Libertades Religiosas y Ética de los Bautistas del Sur, Derecho Nacional a la Vida, Estadounidenses Unidos por la Vida, y el Concilio de Investigación de la Familia.

Tony Perkins, presidente del Concilio de Investigación de la Familia, dijo que el gasto del proyecto de ley incluye otros intereses para los pro-vida. Él apuntó hacia la inclusión de $55 millones para el Fondo de Población de la Naciones Unidas, el cual tuvo su financiación bloqueada durante los siete años finales de la administración Bush para su apoyo al programa de control de población coercitivo de China. Perkins también citó un incremento de $24 millones para la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, el cual dijo ha sido “ilegalmente cabildeado para legalizar el aborto en la nueva constitución de Kenia.”
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Compilado por Tom Strode, jefe de la oficina de Washington para Baptist Press.

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