SACRAMENTO, Calif. (BP) — El 6 de noviembre California votará a favor o en contra de la revocación de la pena de muerte y remplazar la pena máxima por homicidio con la cadena perpetua sin derecho a fianza.
Aquellos que piden su revocación en California argumentan que su uso es defectuoso y demasiado caro, y al revocarla se ahorraría al endeudado estado $1 mil millones en cinco años.
Jeff Iorg, presidente del Golden Gate Baptist Theological Seminary, dijo que la práctica de la pena capital en California es en verdad defectuosa, pero la Propuesta 34 –como se ha llamado a la iniciativa- no es la solución.
“La manera en que se manejan los casos de la pena de muerte en California necesita reformarse, pero la Propuesta 34 es el conjunto equivocado de soluciones,” dijo Iorg. “Necesitamos una reforma del proceso, no la abolición de la pena de muerte como una opción de sentencia.” El campus de Golden Gate en el norte de California opera un ministerio en la prisión de San Quentin, donde California alberga a los reos esperando la pena capital.
La Propuesta 34 aborda un asunto complejo, dijo Eugene Curry, pastor de First Baptist Church de Granada Hills. Dijo que los autores y partidarios de la propuesta fueron sabios al enfatizar las consideraciones prácticas de la pena de muerte en vez de “el estatus abstracto moral de la ejecución.”
“Dada la complejidad del asunto, todavía he de decidir la manera en que votaré en cuanto a la propuesta y no tengo la intención de endosar desde el púlpito ninguno de los lados del debate,” dijo Curry.
“Con base en un número de factores, incluyendo pasajes bíblicos como Romanos 13:3-4, creo que la pena capital es, por lo menos en la teoría, una manera aceptable de castigo en varios crímenes serios,” dijo Curry. “Sin embargo, cuando nos movemos de la teoría abstracta a la práctica actual, el asunto se complica debido a otras consideraciones incluyendo la veracidad de las convicciones de la corte, los enormes costos involucrados en el contexto de nuestro sistema legal actual, y demás.”
California no ha ejecutado a nadie desde el 2006, cuando un juez federal detuvo las ejecuciones en el estado al haber varios cambios pendientes en la administración del castigo.
La Propuesta 34 está en la boleta de votación como un estatuto iniciado por el estado, habiendo recibido por lo menos las requeridas 504,760 firmas calificadas.
La Propuesta 34 se aplicaría retroactivamente a aquellos que actualmente están en espera de la pena capital, transfiriendo sus sentencias a la cadena perpetua. Requeriría que aquellos que sean culpables de homicidio trabajen mientras están en la cárcel, soliciten que sus ingresos sean para restitución de la víctima, y usarían los fondos estatales para crear un fondo de $100 millones para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a que resuelvan más casos de homicidio y de violación.
Los partidarios de la Propuesta 34 dicen que California ha gastado $4 mil millones en penas de muerte desde 1978, ejecutando a solamente 13 personas con un costo de $308 millones por ejecución. Durante el mismo periodo, 78 personas en espera de la pena de muerte han muerto naturalmente o por otras causas, según dicen los partidarios de la propuesta. También argumentan que en todos los EE UU, hay 140 personas inocentes que han sido exoneradas de la pena capital.
Los opositores de la Propuesta 34 dicen que la pena de muerte sería reparada al instituir ejecuciones que usen una sola droga, reducir el costo de las apelaciones y descontinuar la costosa práctica de albergar en celdas individuales a los reos en espera de la pena de muerte en San Quentin. Dicen que menos del 2 por ciento de todos los homicidas acusados en el estado están sentenciados a muerte.
Tal como fue expresado en una resolución del 2000, la Convención Bautista del Sur apoya “el uso justo y equitativo de la pena capital por parte de los magistrados civiles como una forma legítima de castigo para aquellos acusados de homicidio o actos de traición que den por resultado la muerte” e insta a que “la pena de muerte sea administrada solamente cuando la búsqueda de la verdad y la justicia resulten en una clara y abrumadora evidencia de culpabilidad.”
Expresando una “profunda reverencia por la vida humana,” un “profundo respeto por los derechos de los individuos” y “respeto por la ley,” los mensajeros presentes en la convención del 2000 instaron a que la “pena capital sea aplicada tan justa e imparcialmente como sea posible y sin retraso, sin referencia a la raza, clase social, o estatus del culpable.”
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Diana Chandler es la redactora de Baptist Press.
