[1]WASHINGTON (BP) — La administración Trump y una orden de monjas católicas romanas urgieron a la Suprema Corte de EE.UU. el miércoles (6 de mayo) a mantener las reglas federales que protegen los derechos de los empleadores con objeciones religiosas o morales al mandato de la era Obama del aborto/anticonceptivo.
Durante el tercer día consecutivo, los jueces oyeron argumentos orales a través de una conferencia telefónica debido a las restricciones presentadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19). El caso de libertad religiosa estaba entre los 10 en los cuales la corte alta pospuso los argumentos orales de finales de marzo a abril.
Los argumentos orales continuaron una batalla legal de siete años que las Hermanitas de los Pobres, una orden que sirve a los ancianos azotados por la pobreza, ha estado peleando para ganar la exención de una regulación federal de 2011. Esa norma ayudó a implementar la ley de reforma del cuidado de la salud del año anterior. El mandato requiere que los empleadores provean a sus trabajadoras cobertura para anticonceptivos, incluyendo los que tienen mecanismos que pueden potencialmente inducir abortos, o enfrentar en potencia multas devastadoras.
Después, los defensores de la libertad religiosa urgieron a la Suprema Corte a finalizar la batalla por el mandato.
“Uno podría ser perdonado por pensar: ‘¿No hemos estado ya aquí?’ Sí, hemos estado,” dijo Russell Moore, presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC). “Pero con el gobierno del estado hostigando de nuevo a las Hermanitas de los Pobres, este ministerio religioso está de nuevo ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
“Un fallo de la Suprema Corte del 2016 determinó y un fallo de 2017 finalizó que el gobierno puede asegurar acceso a anticonceptivos perfectamente sin forzar a las monjas a enviarlos,” dijo Moore en comentarios escritos. “La Suprema Corte debería derribar el intento de Pennsylvania de castigar a las Hermanitas, junto con el absurdo argumento de que los ministerios religiosos malentienden su propia fe.”
Mark Rienzi — presidente de Becket, que representa a las Hermanitas — dijo que tiene la esperanza de que la corte alta “termine esta litigación de una vez y por todas.”
Los jueces, dijo en una declaración escrita, han “fallado dos veces antes a favor de las Hermanitas reconociendo lo que era obvio desde el puro principio — que el gobierno federal no necesita que las monjas ayuden a distribuir anticonceptivos y además que las obligue a participar es evidentemente inconstitucional.”
La administración Trump emitió regulaciones interinas en 2017 y reglamentos finales en 2018 que protegen a los empleadores con objeciones morales o religiosas del mandato de aborto/anticonceptivo, pero Pennsylvania, New Jersey y otros estados impugnaron las reglas interinas. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Philadelphia falló en contra de las Hermanitas a pesar de su victoria en la Suprema Corte en 2016.
La ERLC, Recursos Financiero GuideStone y otras entidades bautistas del sur en un “amicus curiae” (amigos de la corte) se han opuesto al mandato aborto/anticonceptivo y su fallo de proteger las organizaciones sin fines de lucro no relacionadas con la iglesia que objetan el requerimiento. GuideStone y los ministerios que representa había previamente ganado en su desafío legal al fallo del 2011.
Argumentando a nombre de la administración Trump, el procurador general Noel Francisco dijo que las exenciones en el fallo de 2017 son legales porque están autorizadas bajo la ley de reforma del cuidado de la salud de 2010. También dijo que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) autoriza por lo menos a la exención religiosa.
“Los reglamentos aquí traen una década de controversia a un fin perdurable, y deben ser mantenidos,” dijo.
La RFRA, adoptada en 1993 con casi una aprobación unánime por el Congreso, requiere que el gobierno tenga un interés imperioso y use los medios más restringidos posibles al sobrecargar el ejercicio religioso de una persona.
Paul Clement, representante de las Hermanitas, les dijo a los jueces que los decretos de la era Trump remediaron la “violación a la RFRA y siguieron lo mejor de nuestras tradiciones” del gobierno federal. El razonamiento de la Corte del Tercer Circuito “realmente no puede ser cuadrado” con la decisión de 2014 de la Suprema Corte a favor de la objeción al mandato de Hobby Lobby.
La jueza asociada Ruth Bader Ginsburg dirigió la crítica de los fallos federales diciendo que “la característica resplandeciente” de la expansión de la exención de la administración Trump fue “desperdiciada totalmente” por la directriz del congreso “que las mujeres necesitan y deben tener cobertura integral sin costo.”
Luego, Ginsburg repitió la misma disputa por teléfono desde el hospital de Baltimore donde ella es paciente debido a una condición de la vesícula biliar.
Cuando fue emitido el controversial decreto en 2011, HHS proveyó una exención a las iglesias y sus auxiliares, pero no la extendió a las organizaciones sin fines de lucro no relacionadas con una iglesia que objeta. HHS propuso casi 10 ajustes para las instituciones que objetaron, pero ninguno resultó satisfactorio para sus preocupaciones de conciencia.
Los opositores al mandato aborto/anticonceptivo y su falta de suficientes ajustes obtuvo antes victorias dos veces en la corte alta.
En 2014, la Suprema Corte falló a favor del desafío de Hobby Lobby al mandato. En su decisión 5-4 en ese caso, los jueces mantuvieron las objeciones a los requerimientos de “sociedad anónima cerrada,” para las compañías que obtenían ganancias, como los negocios propiedad de familias.
En 2016, los jueces invalidaron múltiples apelaciones federales a las decisiones de la corte en contra de instituciones religiosas y bloquearon a la administración Obama de imponerles multas. Los jueces les dijeron a las cortes de apelaciones involucradas que les dieran a las partes una oportunidad de alcanzar una solución “que incorporaba el ejercicio religioso de los peticionarios al mismo tiempo que aseguraba que las mujeres cubiertas por los planes de salud de los peticionarios recibieran completa y total cobertura de salud, incluyendo cobertura de anticonceptivos.” No se alcanzó ningún acuerdo antes de que Obama dejara el puesto en enero de 2017.
Los anticonceptivos aprobados federalmente para los cuales es requerida la cobertura por el mandato incluyen el dispositivo intrauterino (DIU) y drogas tales como el Plan B, la pastilla de la “mañana siguiente.” Tanto el DIU como la pastilla de la “mañana siguiente” poseen mecanismos post fertilización que potencialmente pueden causar abortos al prevenir la implantación del diminuto embrión. El decreto también cubre “ella,” que — similar a la droga abortiva RU 486 — puede actuar inclusive después de la implantación para terminar la vida del niño.