[1]WASHINGTON (BP) – La administración Trump está encerrada en una batalla legal sobre si es obligatorio proporcionar un aborto a una joven de 17 años, indocumentada, que reside en Texas y se alhoja en un refugio financiado con fondos federales.
La administración dice que no está obligada a gastar ninguno se sus recursos para asegurar un aborto para una inmigrante — conocidos en documentos legales solamente como Jane Doe o J.D. — incluyendo el transporte a una clínica de abortos.
Pero J.D., quien está siendo representada por American Civil Liberties Union, reclama que ella tiene un derecho legal para abortar y “es una rehén de los puntos de vista extremos en contra del aborto que profesan un puñado de oficiales del gobierno,” reportó el diario The New York Times.
“Esta historia, hasta este punto, realmente no está recibiendo la atención adecuada,” dijo R. Albert Mohler Jr., presidente del Southern Baptist Theological Seminary, en su podcast The Briefing, el 23 de octubre. “Pero dados los asuntos en juego, debe tenerla.”
Mohler subrayó el “choque de visiones de mundo” entre los partidarios a favor de la vida y aquellos que reclaman “un derecho constitucional para abortar y además, un requisito que el gobierno federal de los Estados Unidos … proporcione ese aborto” para cualquier persona que no sea un ciudadano “quien simplemente puede entrar al territorio de los Estados Unidos.”
J.D. fue detenida por las autoridades federales a inicios de septiembre después de entrar ilegalmente a los Estados Unidos como una menor de edad sin acompañante, según los documentos de la corte. Un examen médico reveló que estaba embarazada y ella solicitó un aborto.
[2]El Departamento de Salud y Servicios Humanos se negó a darle permiso de salir del refugio para hacer el aborto, argumentando que proveer un empleado que la acompañe y otros recursos constituiría que el gobierno proporciona el aborto incluso cuando J.D. consiguió fondos privados para el procedimiento.
Un juez de distrito falló el 18 de octubre que la administración debe transportar a J.D. a un lugar que pueda poner fin a su embarazo antes del 21 de octubre. Pero un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia derogó el fallo el 20 de octubre, ordenando que la administración tenga hasta el 31 de octubre para que haya un patrocinador que lleve a J.D. a tener un aborto por sí misma.
Los abogados de J.D. en ALCU apelaron ante la Corte de Apelaciones de D.C. el 23 de octubre argumentando que “cada día que ella debe seguir embarazada en contra de su voluntad le causa un gran estrés a J.D., física y emocionalmente,” según Politico. ACLU también argumentó que J.D., quien tiene 15 semanas de embarazo, muy pronto no podrá asegurar un aborto legalmente porque Texas no permite abortos después de las 20 semanas de embarazo, en la mayoría de los casos.
La administración Trump dice, sin embargo, que los inmigrantes ilegales no tienen derecho a exigir un aborto. La joven tiene la libertad, según se ha escrito en los documentos de la corte, de solicitar permiso para salir del país voluntariamente y obtener un aborto por sí misma.
“Cualquier ‘supuesto’ obstáculo que enfrenta la Srita. Doe para obtener un aborto es por decisión propia,” declaró la administración en un fallo de la corte el 23 de octubre. “Ella está bajo custodia federal porque entró ilegalmente a los Estados Unidos, y esta custodia es lo que ella dice está bloqueando su habilidad de obtener un aborto. Pero la Srita. Doe puede decidir salir del país voluntariamente para dar por terminada su custodia federal, lo cual eliminaría la supuesta ‘restricción’ u ‘obstáculo’ de los cuales ella se queja.”
La administración añadió, “El gobierno no necesita proporcionar el acceso a un aborto; no necesita proveer fondos o ‘determinar ningún recurso para suministrar abortos’ …Y el gobierno puede legítimamente expresar una preferencia por el nacimiento del bebé en vez del aborto, incluso si tal preferencia puede tener efectos prácticos o límites en que la mujer ejerza su derecho al aborto.”
El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo al diario neoyorkino que exigir que el gobierno proporcione el aborto de J.D. establecería “un peligroso precedente al abrir nuestras fronteras a cualquier joven ilegal que quiera tener abortos financiados por los impuestos de los contribuyentes.”
Politico reportó el 17 de octubre que el DSSH ha intervenido en múltiples instancias para disuadir a las jóvenes ilegales menores de edad para que no aborten, incluyendo el enviarlas a un centro para crisis de embarazo. Un oficial del DSSH, según Politico, ha aconsejado personalmente a las jóvenes detenidas para que no terminen su embarazo.
ACLU ha pedido al juez federal del distrito que permita que el caso de J.D. prosiga como una demanda colectiva, según The Times, para asegurar el derecho al aborto para unas 1,000 menores de edad embarazadas, sin acompañante, que han emigrado a los Estados Unidos y están bajo custodia federal.
Se espera la decisión de toda la Corte de Apelaciones de D.C. para saber si escuchará el caso de J.D.