WASHINGTON (BP) – El presidente Biden tomó una nueva acción el viernes en el esfuerzo continuo de su administración para contrarrestar la anulación de la decisión de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de EE.UU., y los bautistas del sur y otros defensores pro-vida volvieron a declarar su oposición.
Biden firmó el viernes (8 de julio) una orden ejecutiva destinada a proteger el acceso al aborto y a la atención sanitaria reproductiva. La acción se produjo dos semanas después de que los jueces revocaran la sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. La opinión del tribunal, de 5 contra 4, del 24 de junio en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Mississippi, devolvió la política del aborto a los estados, donde había estado antes de la concluyente decisión de Roe.
La orden ejecutiva incluye directivas que exigen ampliar las salvaguardias para el acceso a los medicamentos que acaban con la vida de los niños nonatos, el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar las protecciones para el acceso al aborto y la reunión de abogados voluntarios para representar a las mujeres y a los proveedores de abortos.
La especialista en política pública de los bautistas del sur, Hannah Daniel, dijo a Baptist Press en comentarios escritos: “En lugar de aprovechar esta oportunidad para empezar a construir una verdadera cultura de la vida que sirva y cuide a las madres y a sus hijos, el presidente Biden y su administración insisten en aferrarse a un pasado que vio cómo se aprovechaban de las mujeres y se apagaban las vidas de niños vulnerables”.
La Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC) -que se había opuesto a anteriores iniciativas de la administración Biden para proteger el derecho al aborto tras la caída de Roe- continuará abogando en oposición a “estas acciones y trabajará hasta que prevalezca una cultura de la vida en nuestra nación”, dijo Daniel, responsable de políticas dicha entidad.
“El gobierno está instituido para proteger nuestros derechos, incluido el derecho a la vida, y ése es el camino que muchos estados están siguiendo con sus leyes de defensa de la vida de los pre nacidos”, dijo. “En lugar de intentar frustrar estas políticas, deberían reproducirse en todos los estados y a nivel federal”.
Aproximadamente la mitad de los 50 estados han promulgado o se espera que promulguen pronto la prohibición del aborto durante todo el embarazo o en alguna fase del mismo. Ya hay 17 prohibiciones estatales en vigor tras la revocación de Roe, aunque los jueces han bloqueado la aplicación de cuatro de las prohibiciones por el momento, según informó la ERLC en un artículo publicado el viernes en su página web.
Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, denunció que Biden “ha cedido una vez más al lobby abortista extremista, decidido a poner todo el peso del gobierno federal detrás de la promoción del aborto. Hace tiempo que desapareció el Partido Demócrata que proclamaba que el aborto sería ‘seguro, legal y raro'”.
Biden, que había denunciado que la revocación de Roe por parte del Tribunal Supremo era “indignante”, repitió el viernes las críticas que ha ofrecido en múltiples ocasiones. Negó que la decisión estuviera “impulsada por la Constitución” o “impulsada por la historia”.
Desde el 24 de junio, el presidente ha pedido al Congreso que convierta Roe en ley mediante una excepción a la regla del filibusterismo del Senado, que requiere 60 votos para poner fin al debate y tomar medidas legislativas, pero que es improbable con la composición actual de la cámara. También ha instado a los votantes a que elijan a suficientes senadores para establecer un derecho al aborto más amplio en la legislación federal.
La orden ejecutiva del viernes siguió a otras políticas de apoyo al derecho al aborto que el gobierno de Biden ha hecho públicas desde la decisión del Tribunal Supremo del 24 de junio. El mismo día, el presidente anunció que su administración protegería los viajes interestatales para abortar y el acceso a los abortos médicos/químicos. Unos días después, la administración también estableció un nuevo sitio web que ayuda a las mujeres a encontrar un proveedor de abortos y a obtener fondos para pagar dicho procedimiento.
Sin embargo, algunos demócratas del Congreso han criticado la respuesta del gobierno de Biden a la sentencia judicial por considerarla débil. Entre sus propuestas, han pedido que Biden declare una “emergencia de salud pública” y que se abran clínicas de aborto en terrenos federales en estados conservadores. La administración se ha negado a tomar esas medidas.
La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer escribió el jueves (7 de julio) al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para pedir que se aclaren los derechos de las residentes de Michigan a viajar a Canadá para abortar y a regresar por la frontera con píldoras abortivas. En una declaración escrita, instó al gobierno federal a “hacer todo lo posible para garantizar que los habitantes de Michigan puedan acceder a la atención médica en Canadá si la necesitan”.
Los defensores del derecho al aborto, por su parte, aplaudieron la orden ejecutiva de Biden. Mini Timmaraju, presidenta de NARAL Pro-choice America, dijo que su organización se siente “alentada por el trabajo de la administración Biden-Harris para defender el derecho y el acceso al aborto, y espera continuar” la asociación en nombre de la “libertad reproductiva”.
Denise Harle, directora del Centro para la Vida de Alliance Defending Freedom, dijo, sin embargo, que la orden ejecutiva de Biden difunde “información errónea perjudicial” y se centra en la protección de las clínicas de aborto en lugar de investigar y perseguir a los autores que recientemente han cometido actos de violencia y vandalismo contra los centros de recursos para el embarazo.
La orden “es un monumental mal uso de los recursos que podrían canalizarse hacia la ayuda real a las madres embarazadas que necesitan apoyo para que no sientan que el aborto es su única opción”, dijo Harle en un comunicado escrito.
Entre las disposiciones de su orden ejecutiva, Biden ordenó:
- Que el secretario del HHS, Xavier Becerra, informe en un plazo de 30 días sobre posibles medidas para “proteger y ampliar el acceso” al aborto médico/químico y otros servicios de aborto.
- Que el fiscal general Merrick Garland y el asesor del presidente reúnan a abogados “privados pro bono”, colegios de abogados y otras organizaciones para instar a los abogados a representar a las mujeres y a los proveedores de abortos.
- La creación de un grupo de trabajo interinstitucional que incluya a Garland para coordinar los esfuerzos para proteger el acceso al aborto y los servicios reproductivos.
- Que Garland y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, consideren acciones para proteger la seguridad de las mujeres y de los proveedores de abortos, así como la seguridad de las clínicas de abortos y de las entidades que dispensan medicamentos abortivos.
- La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, debe sopesar las opciones para proteger la privacidad de quienes buscan información sobre el aborto y los servicios reproductivos.
