COCHABAMBA, Bolivia (BP)–Los cristianos evangélicos bolivianos han comenzado la batalla en contra de las medidas que pudieran dar como resultado la disolución de las denominaciones protestantes y de otros grupos religiosos en este país andino. Su población es mayormente católica romana.
Las organizaciones que no cumplan con las nuevas medidas gubernamentales perderán su estatus legal. La respuesta del 13 de julio por parte de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) fue presentar una Petición de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de revocar tales medidas.
“Esta ley es totalmente anticonstitucional, incongruente con la libertad religiosa tal como se declara en el Articulo 4 de la constitución,” dijo Ruth Montaño, abogada de Cochabamba, quien ayudó a redactar la Petición de Inconstitucionalidad de la ANDEB.
La batalla sobre los derechos constitucionales en Bolivia se centra en las minorías religiosas del país en contra del gobierno del Presidente Evo Morales. El resultado pudiera determinar si Bolivia continuará disfrutando de la libertad religiosa, particularmente entre los 1.6 millones de cristianos protestantes.
La Ley 351, aprobada por la asamblea legislativa boliviana en marzo del 2013, tiene la meta de “regular el otorgamiento y registro de estatus legal a las iglesias, grupos religiosos y creencias espirituales cuyos objetivos no involucren los fines de lucro.” Morales firmó la segunda medida en disputa, el Decreto Supremo 1987, el 30 de abril. Estableciendo los lineamientos para la implementación de la Ley 351, estipula que cualquier organización religiosa en el país –comunidades judías y musulmanas, así como las iglesias protestantes –debe volver a solicitar su estatus legal dentro del próximo año.
El Artículo 4 de la Constitución Política de Bolivia, adoptada bajo el liderazgo de Morales en febrero del 2009, estipula que “El Estado respeta y garantiza la libertad religiosa y de creencias espirituales, según sus cosmovisiones. El Estado es independiente de cualquier religión.”
El Decreto 1987 impone una lista de gravosos requisitos a las organizaciones religiosas que parezcan contradecir el lenguaje del Artículo 4. Por ejemplo, las denominaciones deben someter ante los líderes nacionales una “lista notariada” de los nombres, los números de identificación, certificados de impuestos y documentos de sus pólizas, así como una lista notariada de los nombres y los números de identificación del total de su membresía.
Las iglesias deben proveer un horario de sus actividades anuales “para control y seguimiento” por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A quien no someta los documentos requeridos, o tenga errores en los reportes como lo determina el Ministerio de Asuntos Exteriores, le será cancelado el estatus legal de la organización. Eso, como consecuencia, daría paso a la confiscación de las propiedades de la iglesia, la disolución de los servicios de alabanza, el cierre de sus centros de capacitación, dijo Montaño, la abogada de Cochabamba.
“La amenaza de revocar los documentos que otorgan el estatus legal, simplemente por la decisión del un estado burócrata, viola el proceso debido,” dijo Montaño.
“Según el código de la ley civil, el estatus legal de [una iglesia] puede ser revocado solamente después de un juicio donde se descubra que la organización es culpable de violar las leyes del estado,” dijo. “La constitución no otorga a estos oficiales la autoridad de revocar nuestra incorporación legal.”
El Decreto 1987 también requiere que las iglesias, sinagogas y mezquitas presenten copias de sus reglamentos ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para obtener la aprobación oficial, estos documentos deben incluir los procedimientos para “la admisión y exclusión de miembros, los derechos y obligaciones de los miembros, un régimen interno disciplinario que incluya infracciones, sanciones y procedimientos,” entre otras provisiones.
En lugar de garantizar la libertar de culto, dijo Montaño, las regulaciones “nos obligan a operar bajo un modelo de administración que va en contra de nuestras propias doctrinas de la fe.”
ANDEB espera un fallo por parte del Tribunal Constitucional a finales del año. Si los jueces deciden a favor de las organizaciones religiosas, las regulaciones alegadas serían nulificadas. Eso a su vez podría obligar a la asamblea legislativa a aprobar una ley que garantice la libertad religiosa y proteja el estatus legal de las iglesias.
En varias ocasiones los oficiales de ANDEB se han reunido con Morales y con miembros de su gabinete para presentar su oposición a la Ley 351 y al Decreto Supremo 1987. Agustín Aguilera, presidente de ANDEB, Romualdo Atahuachi, vicepresidente de ANDEB y Jorge Chávez, miembro del consejo de ANDEB, protestaron en contra de las nuevas regulaciones en una junta del 28 de julio con el Ministro de la Presidencia, Ramón Quintana. Le dijeron a Quintana que la población cristiana evangélica había movilizado una campaña de oración con la meta de derrotar la implementación de las regulaciones.
Después de escuchar las objeciones de los líderes de ANDEB, se dice que Quintana acordó que ellos deben someter una petición al Tribunal Constitucional para una rectificación, lo cual ellos hicieron dos días después.
Retar las nuevas medidas “es una acción que favorece no solamente a los cristianos evangélicos, si no a cualquier ciudadano boliviano,” dijo Aguilera al Morning Star News. “La defensa de la libertad religiosa es una defensa de la libertad en su totalidad… Creemos que tenemos un apoyo sólido en la constitución y firmemente insistiremos en una resolución para este asunto.”
Aguilera dijo que la comunidad cristiana evangélica planifica una marcha pública el 6 de septiembre, en todas las capitales de los estados bolivianos, en defensa de la libertad religiosa. Las demostraciones también alertarán al público sobre la apelación ante el Tribunal Constitucional.
Los oficiales bolivianos han enviado mensajes contradictorios a la comunidad protestante a través de la controversia que se ha desarrollado. En un incidente ampliamente publicado, se calcula que 10,000 cristianos evangélicos de habla quechua y aymara invitaron a Morales a su servicio de alabanza de la mañana del domingo de resurrección en la comunidad de Chacarillas.
Después de agradecerles sus oraciones por él, Morales promocionó el record de su administración en cuanto a la libertad religiosa.
Según el periódico El Deber, de la capital de La Paz, Morales dijo a la asamblea de adoradores, “Un estado secular es la mejor garantía de la democracia religiosa en nuestra amada Bolivia.”
Añadió, “Durante la redacción del la constitución [2008], hubieron algunos hermanos… que dijeron, ‘Si se aprueba esta constitución, entonces Evo va a cerrar las iglesias.’ Eso es totalmente falso. Al contrario, nuestra constitución garantiza nuestra libertad religiosa en toda Bolivia.”
Diez días después, Morales firmó el Decreto 1987, el cual, si se aplica estrictamente, cerrará por lo menos algunas iglesias protestantes.
La ironía de esta acción no pasó desapercibida ante los líderes de las iglesias.
“Si el estado es independiente de la religión, ¿por qué están tratando de imponer estas restricciones encima nuestro?” dijo Montaño. “Esto es un rechazode un estado secular.”
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Este artículo apareció primero en Morning Star News here, un servicio independiente de noticias, con base en California, el cual se enfoca en la persecución mundial de cristianos. Usado con permiso.
