WASHINGTON (BP) — La Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur y sus aliados han instado a la Suprema Corte de los EEUU a que reconsidere el trascendente fallo Roe v. Wade que legalizó el aborto.
Podría haber un enfoque en Roe v. Wade cuando la Suprema Corte revise una opinión de una corte menor donde se anularía una ley estatal que prohíbe la discriminación en contra de ciertas clases de niños nonatos, con base en el género, la raza, o la discapacidad, según un informe archivado el 15 de noviembre.
La CELR y otras cuatro organizaciones, a través de un informe “amicus curiae,” apeló a la corte mayor para que otorgara la apelación solicitada por el estado de Indiana en defensa de su ley del 2016 que prohíbe el aborto en varias categorías. El informe también solicitó que los jueces contemplen si deben derogar la decisión Roe v. Wade de 1973 que invalidó todas las restricciones estatales sobre el aborto y una opinión de 1992 que afirmó Roe v. Wade.
El caso ofrece a la Suprema Corte una oportunidad para emitir un fallo sobre una restricción estatal y revisitar Roe v. Wade después de añadir a un nuevo juez cuyos partidarios del derecho al aborto temen sería el quinto voto que revertería esta decisión controversial tomada hace 45 años. Los jueces pudieran declarar que la ley de Indiana es constitucional sin revertir el parte o por completo la opinión Roe v. Wade.
Brett Kavanaugh — quien apenas si recibió la confirmación del Senado en octubre después de una amarga batalla — es considerado un originalista que interpreta la Constitución con base en su significado inicial. Remplazó a Anthony Kennedy, quien afirmó Roe v. Wade en 1992 en la opinión Planned Parenthood v. Casey. Casi todos las organizaciones provida han hecho comentarios favorables sobre el registro de Kavanaugh como un juez de la corte federal de apelaciones.
Russell Moore, presidente de la CELR, dijo a Baptist Press que está orando que la corte suprema sostenga la ley de Indiana.
“Este país algún día se estremecerá al pensar que un niño se haya eliminado en el vientre simplemente por que tenía un cromosoma adicional,” dijo Moore en unos comentarios escritos. “En la industria del aborto, la defensa de los abortos con base en género, raza y discapacidad expone su sed de ganancias.”
Las organizaciones que se aliaron con la CELR en el informe fueron National Association of Evangelicals, Concerned Women for America, National Legal Foundation y Pacific Justice Institute.
El caso involucra una ley del 2016 aprobada por el entonces gobernador Mike Pence, ahora el vicepresidente del país, donde se exige que los doctores informen a sus pacientes que Indiana no permite que un niño nonato sea abortado solamente debido a su “raza, color, país de origen, ancestros, género, o diagnóstico sobre el potencial de que el feto tenga síndrome de Down o cualquier otra discapacidad.”
Planned Parentood de Indiana y Kentucky retaron la ley y un juez federal bloqueó permanentemente al estado de aplicarla. En abril de este año, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito en Chicago afirmó la ley, la cual también incluye una sección donde se requiere que se eliminen humanamente los restos del feto.
El informe archivado por la CELR aborda solamente las provisiones no discriminatorias e insta a la Suprema Corte a que revise la decisión del 7º Circuito ya que los jueces todavía no han emitido un fallo sobre la legalidad de prohibir la discriminación de un aborto con base en el género, la raza y la discapacidad. Los estados tienen un “interés imperioso” en prohibir la discriminación en tales categorías, según el informe.
El 7º Circuito decidió que el “precedente del aborto” en la Suprema Corte, “incluso cuando ese precedente nunca a abordado directamente un asunto presentado por el estatuto bajo revisión, sostiene que el derecho al aborto anula a todos los demás,” dice el informe. “Ese grave error, el cual permite que los niños nonatos sean matados dado su sexo o raza o discapacidad, debe ser corregido lo antes posible.”
El informe señala lo que describe como la ironía de la interpretación del 7º Circuito en cuanto a la 14ª Enmienda, “la cual fue aprobada en gran parte para reprimir la discriminación racial, [al estar] en conflicto con sí misma. Ha fallado que el derecho al aborto, el cual esta corte ha encontrado que nace implícitamente de la [14ª] Enmienda, siempre triunfa en contra de la discriminación racial que directamente fluye de ella.”
En cuanto a Roe v. Wade, dice el informe, han sido expuestas por años “las deficiencias históricas y lógicas” de tal opinión y la decisión del caso Casey que la afirmó permitiendo algunas restricciones sobre el aborto. La ley de Indiana “provee un vehículo apropiado para considerar si es el mejor curso de acción el derogarlas, del todo o en parte,” según el informe.
Rick Claybrook — un abogado de Washington, D.C. quien escribió el informe para la CELR y las otras organizaciones — dijo a BP que el caso ofrece a los jueces una intersección de dos ramas de la ley con las cuales no ha lidiado antes — “la licencia para abortos” como la delinea la corte suprema y “los principios tan fuertes con respecto a la no discriminación con base en las categorías que son hereditarias, y uno no puede hacer nada al respecto.”
Mientras que los jueces pueden revertir al 7º Circuito sin tocar Roe v. Wade y el caso Casey, también pudieran decir, “[E]sta ley parece estar en tensión con otra ley, ¿qué está causando la tensión? Quizás un punto de vista demasiado amplio de la licencia del aborto como [nosotros] la hemos interpretado,” dijo Claybrook en una entrevista telefónica. “[La corte] pudiera solucionarlo recortando Roe o Casey.”
Desde el 1 de noviembre, en ocho estados entraron en vigor las prohibiciones de abortos con base en la elección del sexo, según el Guttmacher Institute, una organización de investigación aliada con el movimiento del derecho al aborto. Esos estados son Arizona, Arkansas, Kansas, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania y Dakota del Sur. Solamente Arizona cuenta con una prohibición en vigor de abortos con base en la raza, mientras que Dakota del Norte es el único estado con una prohibición en vigor en contra de los abortos con base en discapacidad. Las cortes han evitado, temporal o permanentemente, la aplicación de prohibiciones en otros estados.
Un informe publicado en el 2012 reportó una tasa del 85 por ciento en los abortos después de que se diagnosticaba síndrome de Down en los estudios hechos en hospitales.
El caso se titula El Comisionado del Departamento de Salud de Indiana v. Planned Parenthood de Indiana y Kentucky.
