NASHVILLE (BP) — La revelación de un informe amicus presentado por entidades bautistas del sur que se oponen a un aspecto del caso de una sobreviviente de abuso sexual de Kentucky provocó declaraciones de los funcionarios del Comité Ejecutivo de la SBC, así como del Grupo de Trabajo de Implementación de la Reforma de Abuso de la SBC (ARITF) el viernes (27 de octubre). Las declaraciones se produjeron después de que las entidades de la SBC fueran atacadas por el informe amicus, que fue presentado en abril y aborda la demanda de una víctima de abuso en la que se nombra al empleador de su abusador, el Gobierno Metropolitano del Condado de Louisville/Jefferson.
‘Contexto y aclaración’ Oficiales del Comité Ejecutivo emitieron un comunicado el viernes para ofrecer “contexto y aclaración” sobre el amicus curiae.
La declaración expresó el compromiso de seguir “comprometiéndose con los supervivientes y trabajando para erradicar los abusos sexuales de las iglesias, instituciones y entidades de los bautistas del sur”, al tiempo que “se lleva a cabo una reforma significativa de los abusos en toda la SBC”.
“Ningún miembro del Comité Ejecutivo de la SBC participó en la decisión de unirse a este amicus curiae. El abogado del Comité Ejecutivo de la SBC revisó el escrito y recomendó que se uniera”, decía la declaración, refiriéndose a Bradley, un bufete nacional de abogados.
La forma en que se presentó el escrito de amicus curiae ha “impulsado…a los directivos a reevaluar cómo se aprobarán y considerarán las conclusiones jurídicas en el futuro”, decía el comunicado.
El escrito de amicus curiae se refería a “una cuestión jurídica discreta” que afecta directamente al Comité Ejecutivo y los “intereses legales y fiduciarios” de la SBC, dijeron los responsables del CE.
Lo que está en juego son las enmiendas realizadas a la ley de Kentucky por la legislatura estatal en 2021 y si la intención de los legisladores era aplicar una extensión retroactiva del plazo de prescripción de las demandas por abuso sexual a terceros no delincuentes, incluidas las organizaciones.
En el escrito amicus en nombre de la SBC, el Comité Ejecutivo, el Seminario Southern y Lifeway Christian Resources, los firmantes dijeron que “no discuten las loables razones políticas para proporcionar alivio a las víctimas de abuso sexual infantil”.
El escrito, según el comunicado de hoy, no aborda directamente el litigio subyacente que afecta al caso Killary y no es un esfuerzo de presión para restringir los plazos de prescripción. Más bien, insta a la Corte Suprema de Kentucky a aplicar el estatuto actual tal como se redactó originalmente y se aplicó en referencia a terceros no infractores.
Declaración de ARITF
El ARITF no se ocupa directamente de asuntos jurídicos, por lo que no tuvo conocimiento del informe ni hizo aportaciones, según el grupo.
Su objetivo de “llevar una reforma significativa y permanente de los abusos” a la SBC es “firme”, decía la declaración. Esas reformas incluyen el próximo lanzamiento del sitio web Ministry Check y asegurarse de que los depredadores sexuales “no tengan acceso a los vulnerables dentro de nuestras iglesias o entidades”.
La declaración del ARITF terminó con una sección de la resolución de la SBC de 2019, “Sobre el mal del abuso sexual”, que decía en parte: “Que pedimos a las autoridades civiles, en la implementación del debido proceso para los acusados, que revisen las leyes, en consulta con trabajadores sociales y consejeros de trauma, para garantizar que las leyes de privacidad no impidan la búsqueda de justicia en nombre de los abusados, y que los estatutos de limitaciones (penales y civiles) no protejan indebidamente a los perpetradores de abuso sexual y a las personas que los permitieron”.
“Abogar por los sobrevivientes es fundamental para el mandato del ARITF”, dijo Josh Wester, presidente del ARITF, a Baptist Press. “Creemos que los bautistas del sur hablaron intencionalmente de cuestiones relacionadas con los estatutos de limitación en la resolución de 2019 porque son factores críticos en la búsqueda de justicia para las víctimas de abuso y merecen mayor consideración legal y ética”.
“ARITF seguirá persiguiendo enérgicamente medidas de reforma para ayudar a la SBC a atender mejor a los supervivientes y salvaguardar contra los abusos”.
Convocada reunión del Comité Ejecutivo el 16 de noviembre
El presidente del CE, Philip Robertson, ha informado hoy por correo electrónico a los directivos de que el informe amicus curiae y las consiguientes críticas formaron parte de una reunión de los oficiales del CE prevista para el jueves y que esta mañana se celebrarán otras reuniones.
“Obviamente, este es un tema complejo que da lugar a diversas opiniones dentro de nuestra familia de la SBC e incluso nuestra familia fideicomisaria del CE”, dijo Robertson, quien agregó que las reuniones incluyeron “horas de escuchar a nuestro asesor legal”.
El 16 de noviembre a las 2 pm (hora central) se celebrará una reunión vía Zoom con los directivos y los asesores jurídicos.
“El Comité Ejecutivo mantiene su compromiso de colaborar con los supervivientes y trabajar para erradicar los abusos sexuales de las iglesias, instituciones y entidades de los bautistas del sur, y seguimos comprometidos a lograr una reforma significativa de los abusos en toda la SBC”, dijo Robertson.
La declaración de hoy reitera ese objetivo, además de las responsabilidades ante el Comité Ejecutivo.
“El Comité Ejecutivo de la SBC debe continuar defendiéndose a sí mismo, y a sus intereses, dentro del sistema judicial, según corresponda. Estos objetivos (erradicar el abuso sexual y defenderse legalmente) no son mutuamente excluyentes”.
Los desacuerdos son inevitables entre los bautistas del sur, añadió, pero “la tensión y el desacuerdo sobre un asunto no son razones para abandonar el esfuerzo más amplio para erradicar el abuso sexual de todas las iglesias bautistas del sur”.
