HOUSTON (BP) — Bobby James Moore fue sentenciado a la pena de muerte por un asesinato que cometió en 1980 en un supermercado de Houston. Pero 36 años después, aparentemente tiene un nuevo argumento: Es intelectualmente discapacitado y no puede ser ejecutado bajo un decreto de la Corte Suprema de EE.UU. de 2002. La Corte Suprema escuchó su caso a finales de noviembre.
Moore tenía 21 años cuando él y algunos amigos decidieron robar en el Supermercado Birdsall. Su trabajo era hacer guardia con una escopeta. Las cosas no salieron como estaban planeadas; casi inmediatamente después de que dos dependientes del puesto de atención al cliente se dieron cuenta de que estaban siendo robados, uno de ellos gritó.
Moore apuntó su escopeta al segundo dependiente, un hombre de 72 años, y le disparó en la cabeza; McCarble murió instantáneamente.
La policía aprehendió a Moore 10 días después en la casa de su abuela en Louisiana, donde él confesó el crimen.
En 2002, la Corte Suprema decretó que ejecutar al discapacitado mentalmente viola la prohibición de la Octava Enmienda en contra del castigo cruel e inusual. Sin embargo, la corte les dejó a los estados determinar la habilidad mental dentro de ciertos parámetros.
Durante los argumentos orales en noviembre, el abogado Clifford Sloan presentó a Texas como un excéntrico estado que usa algo aparte de los estándares clínicos actuales para diagnosticar la discapacidad intelectual — una definición de 1992 junto con otros factores ideados por jueces, no por científicos.
La corte de apelaciones de Texas dijo que Moore tenía habilidades que mostraban que no estaba intelectualmente discapacitado para quedar exento de la pena capital. Ambos lados estuvieron de acuerdo que Moore había tenido una niñez terrible. Él abandonó la escuela en el noveno grado. Su padre lo golpeaba. Lo echaron de la casa a los 14 años. A los 17 años, tenía dos condenas por delitos.
“A los 13 años, el señor Moore no sabía los días de la semana, los meses del año, las estaciones, cómo decir la hora, que la suma es lo opuesto a la resta, las unidades standard de medición. Y hay otros numerosos déficits como esos que son indisputables,” dijo Sloan.
El juez Stephen Breyer tenía sus dudas sobre si la Corte Suprema podría establecer un standard consistente para juzgar la habilidad mental.
El fiscal general de Texas, Scott Keller argumentó que el criterio del estado para la discapacidad intelectual es tan consistente con el precedente de la Corte Suprema como el diagnóstico médico.
A la jueza Ruth Bader Ginsburg le preocupaba permitirles a los estados establecer sus propios estándares: “Hacerlo discrecional no es un gran problema en esta área, porque si se le permite a un juez de instrucción aplicarlos y otro no tiene que aplicarlos, entonces se está abriendo la puerta a resultados inconsistentes dependiendo de quién esté sentado en el tribunal, algo que tratamos de prevenir que suceda en casos capitales.”
Los jueces actuales están divididos sobre la más básica pregunta de si la pena de muerte es constitucional del todo, para cualquiera. Breyer es un frecuente crítico de la pena capital, como lo es la jueza Sonia Sotomayor.
En 2014, la corte abolió una ley de Florida que decía que, si el IQ de un recluso era mayor de 70 no había que considerar otra evidencia de discapacidad intelectual.
