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Las decisiones sobre la inmigración muestran que el Congreso debe actuar ya, dice un líder


WASHINGTON (BP) — Las recientes decisiones tomadas por la Suprema Corte de los EE UU y la Casa Blanca demuestran de nuevo la necesidad de que el Congreso provea una reforma migratoria, dijo un bautista del sur especialista en política pública.

La reiteración del llamado hecho al Congreso para que éste actúe en el controversial asunto la emitió Barrett Duke de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC, por sus siglas en inglés), una vez que:

— La Suprema Corte rechazó algunas secciones de la ley migratoria de Arizona en su opinión del 25 de junio, y sostuvo una provisión que requiere que en algunos casos un oficial de la policía revise el estatus legal de la persona que detenga o arreste, antes de ser puesta en libertad.

— La administración de Obama anunció el 15 de junio una acción ejecutiva qe permitirá inmediatamente que un inmigrante ilegal que haya llegado a los Estados Unidos cuando era un niño, solicite que se le exente de la amenaza de deportación y pueda solicitar un permiso para trabajar.

En su fallo, la Suprema Corte votó 5-3 a favor de la postura del gobierno federal al rechazar ciertas secciones de la ley de Arizona 2010 que: (1) Declaran ilegal el no portar los documentos migratorios apropiados; (2) criminaliza el solicitar o permanecer en un empleo como inmigrante ilegal, y (3) autoriza a un oficial de la policía que arreste –- sin contar con una orden de arresto — a una persona que él cree ha cometido un crimen que le costaría ser deportado.

La orden del 15 de junio de la Casa Blanca pospone por dos años que se haga algo en contra de los inmigrantes ilegales que cumplan con los requisitos y les da la oportunidad de renovar ese estatus. Entre los requisitos necesarios por cumplirse, está que los individuos deberían de haber tenido menos de 16 años cuando llegaron a los Estados Unidos y no tener más de 30 actualmente. La orden actúa ampliamente como un cumplimiento temporal de la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para los Menores Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en inglés), una legislación que el Congreso no aprobó.

La decisión de la Suprema Corte sobre la ley de Arizona “reafirmó que la migración es un asunto federal,” dijo Duke, el vicepresidente de política pública e investigación en ERLC. “Al hacerlo, ha enfatizado la necesidad de que el Congreso y la Casa Blanca reparen el dañado sistema migratorio de la nación con reformas factibles y constitucionales.”

Por varios años, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa ha solicitado una reforma migratoria integral, pero el Congreso aún no ha aprobado tal ley.

La imperfecta acción de la Casa Blanca con respecto a los inmigrantes ilegales que llegaron siendo niños, señala de nuevo la necesidad de un remedio legislativo, dijo Duke.

“Es asombroso que el Presidente Obama cree que tiene la autoridad de decirle a nuestra rama de aplicación de la ley nacional cuáles leyes debe aplicar y cuáles no,” dijo Duke. “Aunque aprecio el sentir del presidente hacia estos jovencitos, estoy horrorizado por su falta de respeto por la aplicación de la ley.

“No creemos que los niños deben ser castigados por los crímenes de los padres,” dijo. “Nuestra nación debe encontrar una manera para que los adultos jóvenes indocumentados que fueron traídos aquí cuando eran niños consigan la educación que desean y el estatus legal que necesitan para contribuir completamente al bienestar de nuestra nación y alcanzar su máximo potencial también. Esto es un asunto que el Congreso deben resolver, no la Casa Blanca a través de órdenes ejecutivas, y espero que lo hagan muy pronto.”

La comisión ha negado su apoyo al DREAM Act, pero expresó su disposición para apoyar una versión de la propuesta que cumpla con ciertos criterios.

En julio pasado, Richard Land, el presidente de la ERLC, escribió a dos senadores para comunicarles los requisitos que esta entidad pide a fin de apoyar tal propuesta de ley:

— Un programa que haga posible que se legalicen sólo a aquellos que llegaron al país, muy probablemente traídos por sus padres, y no hayan entrado como resultado de su propia decisión.

— El estatus legal para aquellos dentro de este programa no sería transferible a los miembros de sus familias o utilizado para traer al país a más miembros de sus familias.

— Exigiría que aquellos en el programa sirvan en el Ejército de los EE UU o vayan a la universidad.

El programa anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional el 15 de junio incluye las condiciones siguientes para los individuos que califiquen para entrar en el programa:

— Deben haberse graduado de la preparatoria (High School), estar asistiendo a la escuela o ser veteranos del ejército o Guardia Costera dados de baja de manera honorable.

— Deben haber sido residentes de los Estados Unidos por lo menos cinco años.

— Deben no haber cometido un delito grave, un crimen significativo, o múltiples fechorías menores, o ser una amenaza para la seguridad pública o nacional.

La orden haría posible que tales individuos soliciten una licencia para conducir, así como otros privilegios.

La acción ejecutiva es una “medida temporal provisional,” según dijo Obama el día que la anunció. Negó que fuera una amnistía, un camino hacia la ciudadanía o un “remedio permanente.”

El diario The New York Times reportó que hasta 1.4 millones de personas podrían calificar para entrar en este nuevo programa, según Pew Hispanic Center, una organización de investigaciones con sede en Washington.

La administración anunció su orden tres días después que una coalición de cristianos evangélicos diera a conocer una declaración pidiendo una “solución bipartidista” sobre la reforma migratoria. La declaración fue endosada por 150 evangélicos, incluyendo a más de 20 bautistas del sur. Richard Land y Bryant Wright, entonces presidente de la Convención Bautista del Sur, figuran entre los endosantes.

Obama, así como varios líderes evangélicos, también dijeron que la opinión de la Suprema corte sobre la ley de Arizona mostró la necesidad de que el Congreso adopte una reforma migratoria integral.

“La solución para nuestro quebrantado sistema migratorio no es un conjunto de parches de leyes estatales—eso es parte del problema,” dijo Obama.

Los mensajeros enviados a la Convención Bautista del Sur en el 2011, en Phoenix, Arizona, aprobaron una resolución sobre la reforma migratoria que solicitaba el avance del Evangelio de Jesús a la vez que se buscaba la justicia y la compasión. La medida instó al gobierno a hacer de sus prioridades la seguridad de las fronteras y pedir rendición de cuentas a los negocios que contraten inmigrantes ilegales. También pidió que los oficiales públicos aseguren las fronteras, y ya que se aseguren las fronteras, establezcan “un sendero justo e integral hacia el estatus legal, con las medidas de restitución adecuadas para los inmigrantes indocumentados que ya estén viviendo en nuestro país.” Se especificó que la resolución no debería interpretarse como una que apoya la amnistía.

Land ha pedido consistentemente una reforma integral que incluya un camino hacia la ciudadanía que consista de tales requisitos como el pagar multas, someterse a una revisión de trasfondo criminal, aprender inglés, prometer lealtad al gobierno estadounidense, aceptar un periodo probatorio y hacer fila detrás de aquellos que buscan entrar al país legalmente.
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Tom Strode es el jefe del buró en Washington de Baptist Press.

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  • Por Tom Strode