ESTADO DE HIDALGO, México – A más de 30 familias bautistas que fueron forzadas a abandonar sus hogares en el estado mexicano de Hidalgo en abril se les ha permitido regresar a casa, informó una organización de derechos humanos enfocada en la libertad religiosa internacional.
Las autoridades estatales y municipales negociaron un acuerdo entre los funcionarios del pueblo y los miembros desplazados de la Iglesia Bautista Fundamental Gran Comisión, informó Christian Solidarity Worldwide.
Unos 150 bautistas se vieron obligados a abandonar sus hogares en las aldeas de Coamila y Rancho -comunidades indígenas de habla náhuatl- el 26 de abril.
Al parecer, los dirigentes de las aldeas cortaron la electricidad, destrozaron y bloquearon el acceso a algunas viviendas y al edificio de la iglesia, y colocaron guardias en los puntos de entrada a la aldea.
Las familias desplazadas -entre ellas más de 70 bebés y niños- buscaron refugio en Huejutla de Reyes, donde los cristianos evangélicos les proporcionaron alimentos y agua.
El gobierno municipal de Huejutla de los Reyes trabajó con el Secretario de Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, y la Directora de Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román, para conseguir un acuerdo que garantizara el respeto de los derechos de libertad religiosa de los bautistas desplazados, informó CSW.
Coamila y Rancho tienen un historial de violaciones de la libertad religiosa de grupos religiosos minoritarios que se remonta al menos a 2015.
Los pueblos se rigen bajo la Ley de Usos y Costumbres de México, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a mantener su gobierno local cultural y tradicional.
La ley estipula que las autoridades locales deben gobernar de acuerdo con los derechos garantizados en la Constitución mexicana y en los convenios internacionales, pero anteriormente las autoridades hacían poco por proteger los derechos de las minorías en esas zonas. Sin embargo, una nueva administración municipal tomó posesión en septiembre, señaló CSW.
Según los términos del acuerdo negociado, los servicios públicos fueron reconectados a los hogares de las personas previamente desplazadas, y los miembros de la iglesia acordaron contribuir financieramente a un fondo comunitario, que se les había bloqueado desde 2015.
«El acuerdo mediado por los gobiernos del estado de Hidalgo y del municipio de Huejutla, y acordado por las autoridades de Coamila y Rancho Nuevo y la comunidad de la minoría religiosa desplazada, sirve como ejemplo de lo que se puede lograr, en términos de protección de la libertad de religión o creencia y la defensa de la ley mexicana, cuando hay voluntad política y una inversión de tiempo y otros recursos por parte del gobierno», dijo Anna Lee Stangl, jefa de incidencia de CSW.
«El proceso de retorno y reintegración llevará tiempo, y estaremos atentos para asegurarnos de que las autoridades locales cumplan su promesa de respetar la libertad de religión o de creencias».
«Nos anima que el gobierno haya dado prioridad a este caso, y esperamos que represente el cambio a una nueva página no sólo en la historia de Huejutla de Reyes y de estas dos comunidades, sino en México en su conjunto.»
Este artículo apareció originalmente en el Baptist Standard.
