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Recibe elogios la decisión de la Corte sobre los fondos de Medicaid para Planned Parenthood

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NEW ORLEANS (BP) – Los líderes bautistas del sur elogiaron una decisión de la corte federal de apelaciones que permite a los estados prohibir que el gigante del aborto Planned Parenthood reciba fondos de Medicaid.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito en Nueva Orleans dictaminó el 23 de noviembre que los estados de Texas y Luisiana tienen el derecho de encontrar que los afiliados de Planned Parenthood no están calificados para participar en sus programas de Medicaid. La decisión también afecta a Mississippi, el otro estado dentro del 5º Circuito.

La opinión viene en la continua batalla por la financiación gubernamental de Planned Parenthood, el principal proveedor de abortos en el país. La Planned Parenthood Federation of America (PPFA) y sus afiliados recibieron $616.8 millones en subvenciones y reembolsos del gobierno, según su informe 2018-19. La mayor parte de los fondos del gobierno de Planned Parenthood provienen de reembolsos de Medicaid, según la organización.

Los centros de Planned Parenthood realizaron más de 345.000 abortos, según el mismo informe anual. Tanto la cantidad de fondos del gobierno como el número de abortos son registros.

La Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC) de los bautistas del sur está agradecida por el dictamen del 5º Circuito “porque es una prioridad de la ERLC asegurar que los dólares de los contribuyentes no financien el aborto”, dijo Chelsea Sobolik, directora de política en dicha comisión.

“Este fallo es un paso positivo para asegurar que las conciencias y los dólares estadounidenses estén protegidos del enredijo en la industria del aborto”, dijo Sobolik en unos comentarios escritos. “Seguiremos apoyando políticas como las de Texas y Luisiana para proteger las vidas de los vulnerables niños por nacer”.

Jim Richards, director ejecutivo de la Convención de los Bautistas del Sur de Texas desde su fundación hace 22 años, expresó su gratitud “por el hecho de que nuestros líderes estatales se hayan mantenido firmes a favor de la vida, y que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito haya reconocido el derecho de los tejanos a negar fondos de salud a esta organización anti-vida”.

“La primera resolución del SBTC en 1998 fue afirmar la santidad dada por Dios a la vida humana, nacida y no nacida”, dijo Richards. “Nuestras iglesias nunca han dudado de este compromiso. Planned Parenthood, desde sus inicios, se ha comprometido a una agenda completamente contraria”.

Steve Horn, director ejecutivo de los Bautistas de Luisiana, le dijo a BP que está “emocionado” por la decisión del 5º Circuito.

“Luisiana es un estado firme a favor de la vida y no creemos que nuestros dólares de atención médica deban apoyar a proveedores de aborto como Planned Parenthood”, dijo Horn en comentarios escritos.

Los funcionarios de Planned Parenthood criticaron la decisión.

Melaney Linton, presidenta de Planned Parenthood Gulf Coast, que tiene centros en Texas y Luisiana, acusó a los políticos de Texas de valorar “agendas extremistas sobre el acceso de los tejanos a una atención médica asequible y de calidad”.

“Esta decisión no es el final de nuestra lucha, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que nuestros pacientes siempre tendrán un lugar al que acudir, pase lo que pase”, dijo Linton en una declaración escrita.

Los tribunales de circuito se han dividido sobre el derecho de los estados a retener fondos de Medicaid de Planned Parenthood, y es probable que la Corte Suprema de los Estados Unidos considere una apelación sobre el tema. Medicaid es el programa federal y estatal que ayuda a cubrir los costos médicos para los estadounidenses de bajos ingresos.

El panel completo de jueces del 5º Circuito se dividió 11-5 sobre si un juez federal falló correctamente al otorgar una medida cautelar contra la política de Texas basada sólo en las reclamaciones de pacientes individuales de Medicaid, que se unieron a los afiliados y centros de Planned Parenthood en la demanda.

Basado en una opinión de la Corte Suprema de 1980, la mayoría de 11 jueces encontró que los demandantes individuales no podían presentar una demanda para impugnar la decisión de Texas de que los afiliados de Planned Parenthood no son proveedores calificados bajo las reglas de Medicaid. Como resultado, el tribunal de apelaciones dejó vacante la orden judicial preliminar del juez federal que impidió la aplicación de la acción del gobierno de Texas.

“Los beneficiarios de Medicaid tienen un ‘derecho absoluto’ … de recibir servicios de un proveedor que el Estado ha determinado que está “calificado”, pero los beneficiarios no tienen derecho bajo el mismo estatuto a impugnar la determinación de un Estado de que un proveedor no está calificado”, escribió la jueza Priscilla Owen para la mayoría.

En la opinión, Owen también dijo que la mayoría estaba anulando una decisión del 2017 tomada por un panel dividido del 5º Circuito que encontró que los pacientes de Medicaid en Luisiana podrían desafiar la descalificación del estado de los proveedores del programa. El panel en ese caso emitió una medida cautelar contra la acción del Estado.

Texas canceló su contrato con Planned Parenthood después de que videos encubiertos publicados a partir de 2015 parecieran indicar que la organización estaba mercando con partes del cuerpo de bebés abortados y había alterado los procedimientos de aborto para cosechar partes.

Mensajeros presentes en la reunión de la Convención Bautista del Sur del 2017 adoptaron una resolución en la que se pedía la desfinanciación de Planned Parenthood en todos los niveles de gobierno y se denunciaban la “agenda y prácticas inmorales” de la organización.

Otras investigaciones encubiertas de organizaciones pro-vida durante las últimas dos décadas han mostrado a los empleados de Planned Parenthood:

  • Acordando recibir donaciones designadas para abortos de bebés afroamericanos.
  • Demostrando estar dispuestos a ayudar a personas que se declaran traficantes sexuales cuyas prostitutas supuestamente apenas son adolescentes.
  • Tratando de ocultar casos de supuesto abuso sexual infantil.