WASHINGTON (BP) – El Departamento de Justicia (DOJ) ha publicado el primer borrador de un informe sobre libertad religiosa, fruto de un estudio de un año de duración encargado por el presidente Donald Trump. El extenso informe aborda temas como la educación pública, las fuerzas armadas y la forma en que las organizaciones religiosas deben interactuar con las subvenciones federales.
“Dado que la religión tiene profundas implicaciones para los individuos y sus relaciones con el mundo, la religión es un pilar fundamental de la sociedad y tiene importantes implicaciones para el gobierno”, afirma el informe.
El informe de 224 páginas es el resultado de la orden ejecutiva emitida por Trump el 1 de mayo de 2025. La comisión que supervisó el estudio estuvo presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick. Entre los miembros de la comisión se encuentran Ben Carson, Ryan T. Anderson, el cardenal Timothy Dolan, Franklin Graham, Phil McGraw, Eric Metaxes, Kristen Waggoner y Paula White-Cain, entre otros.
“La Declaración de Independencia cita a Dios como la fuente de los derechos inalienables y la igualdad”, afirma el estudio. “En momentos de nuestra historia en que nuestro país no ha estado a la altura de esas verdades evidentes, la religión lo ha llamado a retomar el rumbo”.
Jack Graham, pastor de Prestonwood Baptist Church en Dallas, Texas, formó parte del consejo asesor de líderes religiosos que ayudó a la comisión.
“Las recomendaciones de la Comisión reafirman el derecho fundamental de todo estadounidense a seguir su conciencia, fortalecen las protecciones de la Primera Enmienda, combaten la discriminación religiosa y promueven una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno”, declaró Graham a Baptist Press.
Dijo que proporcionan “una hoja de ruta oportuna para preservar una de las libertades constitucionales más preciadas de Estados Unidos para las generaciones futuras”.
Graham señala que para mantener la libertad religiosa será necesario que “los cristianos se mantengan informados y participen en el proceso electoral”, afirmó Graham. “Debemos involucrarnos más activamente en todos los niveles, desde las elecciones locales hasta las estatales y nacionales”.
El presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, Evan Lenow, afirma que el informe requirió “meses de arduo trabajo” y que “subraya que Estados Unidos prospera cuando la gente puede practicar su religión libremente sin restricciones del Estado”.
El estudio destaca el fuerte impacto que la fe ha tenido en cuestiones modernas como la esclavitud, los derechos de las mujeres, los derechos parentales y la segregación.
Pero no solo se centra en el papel de la religión en el último siglo, sino que también evoca las voces de los fundadores de la nación, como Thomas Jefferson y John Adams.
“Nuestra Constitución fue creada únicamente para un pueblo moral y religioso”, dijo Adams. “Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro”.
Libertad religiosa en el campus
El estudio dedica tres capítulos a analizar la relación entre la religión, los estudiantes, los padres y los profesores en las escuelas primarias y secundarias públicas y en los campus universitarios.
La comisión examinó varios casos judiciales relacionados con la escuela en los que se cuestionaron los derechos religiosos.
En sus conclusiones, escribieron: “Si bien la Constitución protege la expresión de la fe de los estudiantes, en la gran mayoría de los casos, las familias a menudo desconocen estas protecciones legales y, comprensiblemente, temen cuestionar la autoridad de los funcionarios escolares”, afirma el estudio. “La Comisión concluye que es primordial garantizar que las familias conozcan sus derechos y tengan la capacidad de actuar en consecuencia”.
El informe solicita al Departamento de Justicia que proporcione orientación adicional sobre la libertad religiosa de los estudiantes, incluyendo una campaña de carteles titulada “Conoce tus derechos”, una mayor defensa de la libertad de elección escolar, trabajo para apoyar la ampliación de la Ley de Igualdad de Acceso y la creación de un portal para denunciar violaciones de la libertad religiosa para que “estudiantes, padres y funcionarios escolares puedan informar sobre violaciones públicas de los derechos de libertad religiosa”.
Libertad religiosa en las fuerzas armadas
La comisión también escuchó a una amplia gama de miembros y líderes, incluido el general de división Doug Carver (Ejército de EE. UU., retirado). Carver se desempeña como director ejecutivo de capellanía y aval federal de la Junta de Misiones Norteamericanas.
Carver describió cómo los capellanes militares han desempeñado un papel fundamental en la vida militar desde la Revolución Americana.
“Los capellanes acompañaron a los soldados en Valley Forge, brindaron asistencia espiritual a los heridos en los hospitales de guerra y ofrecieron orientación espiritual a las tropas que enfrentaban las realidades del combate”, declaró ante la comisión. “Su función trascendió los servicios formales y se extendió a las experiencias cotidianas de los miembros del servicio ofreciendo apoyo en momentos de dolor, miedo e incertidumbre”.
Carver afirmó que las preocupaciones actuales se basan en las restricciones, no en la relevancia.
“Si a un capellán se le dice cómo no orar o cómo orar, se está imponiendo una religión y se está violando la libertad religiosa”, afirmó.
El informe insta al Departamento de Justicia a “continuar los esfuerzos para restituir y compensar a quienes se oponen a la vacunación contra el COVID-19 por motivos religiosos”, a emitir directrices sobre la protección de la libertad religiosa en las fuerzas armadas y a actualizar la formación en libertad religiosa para los líderes militares.
También insta al Departamento de Guerra a que publique una guía sobre aptitud espiritual, a que proteja la libertad de expresión religiosa y a que realice evaluaciones del impacto en la libertad religiosa como parte de la planificación operativa.
Libertad religiosa y organizaciones sin fines de lucro basadas en la fe
La comisión escuchó a la profesora de derecho de Notre Dame, Nicole Stelle Garnett, quien les dijo que hay “364 estatutos y 104 reglamentos que discriminan por motivos religiosos en diversos programas públicos”.
También recibieron testimonios de organizaciones como centros de apoyo al embarazo, ministerios penitenciarios, ministerios de recuperación de adicciones y escuelas religiosas.
El informe recomienda: “La Administración debería emitir una nueva norma de igualdad de trato que garantice que los grupos religiosos puedan competir por subvenciones, fondos y contratos federales en igualdad de condiciones con los grupos seculares, sin verse obligados a renunciar a su identidad religiosa ni a dejar de ejercer su ministerio de acuerdo con sus creencias”.
También insta a la Administración Trump a ampliar la colaboración con organizaciones religiosas y a “apoyar los litigios que defienden la autonomía de la iglesia”.
“El Departamento de Justicia debería iniciar o apoyar litigios estratégicos que defiendan la doctrina de la autonomía de la iglesia, que se refiere al derecho de los lugares de culto y las organizaciones sin fines de lucro de base religiosa a gestionar sus asuntos internos de acuerdo con sus creencias religiosas sin interferencia del gobierno”, dice el informe.
La comisión ofreció una amplia gama de directrices para apoyar a las escuelas religiosas. Entre ellas se incluyen directrices sobre programas de libre elección de escuela, la aclaración de que los fondos de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) pueden utilizarse en niño que asisten a escuelas religiosas y trabajar para eliminar las restricciones que impiden a los padres utilizar dichos fondos en escuelas religiosas.
“Este informe responde a preguntas prácticas que muchos bautistas del sur pueden estar haciéndose sobre sus derechos de libertad religiosa en diferentes contextos y proporciona recomendaciones legales y políticas exhaustivas para salvaguardar la libertad religiosa del gobierno federal”, dijo Lenow.
El informe completo está disponible en el sitio web del Departamento de Justicia. El plazo para presentar comentarios públicos finaliza el 13 de julio.
