AUSTIN, Texas (BP) — En uno de por lo menos tres casos de persecución a cristianos evangélicos en el sureño estado mexicano de Chiapas el mes pasado, los líderes del pueblo se retractaron de su acuerdo de permitir que 47 evangélicos que fueron expulsados por su fe regresaran a sus casas y a sus tierras.
De acuerdo con el acuerdo hecho por los funcionarios del estado, esos protestantes del pueblo Buenavista Bahuitz el 20 de enero trataron de regresar a su comunidad después de que católicos sincretistas los expulsaran en 2012 debido a su fe. Cuando los protestantes y los funcionarios de Chiapas que los acompañaban llegaron a la comunidad Buenavista Bahuitz, los líderes comunitarios de nuevo les rehusaron la entrada hasta que los protestantes se convirtieran al catolicismo, de acuerdo al grupo defensor Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés).
Los católicos “tradicionalistas” del pueblo que practican una mezcla de catolicismo romano y costumbres indígenas que involucra festivales con borracheras han estado en disputa con la minoría protestante durante años. Las autoridades locales que son católicos sincretistas les dijeron que podían regresar a su propiedad solamente si se volvían católicos y tomaban parte en las actividades religiosas, incluyendo pagar las costosas celebraciones en las que hay grandes cantidades de licor.
En noviembre, aquellos expulsados de Buenavista Bahuitz junto con otros desplazados a la fuerza de otras comunidades de Chiapas protestaron por su difícil situación con una desobediencia civil pacífica en el edificio de la gobernación del estado en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Después de que los funcionarios estatales hicieron compromisos verbales con los protestantes de hacerse cargo de sus preocupaciones, los desplazados terminaron su acción de un mes de duración el 1º de diciembre.
Los oficiales de Chiapas le habían asegurado al grupo de desplazados que habían negociado su regreso, dijo Luis Herrera, director de la Coordinación de Organizaciones Cristianas de Chiapas, en una declaración a CSW. Los oficiales les habían dicho a estos evangélicos que su libertad de culto sería protegida.
Pero cuando los cristianos evangélicos y los oficiales del estado llegaron al pueblo en bus el 20 de enero, los líderes de Buenavista Bahuitz les dijeron a los antiguos residentes que debían convertirse al catolicismo para poder quedarse. Cuando los sorprendidos oficiales intervinieron ante los líderes del pueblo, los católicos sincretistas por lo menos ofrecieron permitir que los cristianos se quedaran si pagaban una multa.
Los cristianos declinaron la oferta. Regresaron a la propiedad de la iglesia en Comitán de Domínguez, donde ellos vivieron como desplazados durante dos años y medio.
La continuada expulsión de las 12 familias está entre los 30 casos activos de persecución religiosa que CSW está rastreando en Chiapas, le dijo una analista de la organización a Morning Star News. Los casos van desde anticipada presión aplicada a los lugareños, como cortarles la electricidad o el agua, a autoridades locales que les niegan a los niños el derecho de asistir a la escuela, dijo la analista, que solicitó anonimato.
Otros casos, dijo, incluyen quitar a los protestantes de una lista de beneficios del gobierno. Casos extremos incluyen prohibiciones de tener cultos, e inclusive prohibición de reuniones de oración en casas, destrucción de casas y de edificios de iglesias y expulsiones categóricas.
Para exacerbar el problema, en México los crímenes religiosamente motivados tienen impunidad
“No sabemos de casi ningún caso donde alguien haya sido procesado por actos criminales en nombre de la religión,” dijo. “En México, si alguien comete un crimen, destruir la casa de un vecino, y dice que fue por religión, repentinamente se convierte en un crimen exento por alguna razón [como si] no se pudiera tocar eso.”
El gobierno también tiene la práctica poco útil de otorgar tierra afuera de su comunidad para el reasentamiento; ella dijo que es un equivalente a decirles a las víctimas: “Los reubicaremos en vez de lidiar con la raíz del asunto.”
Las raíces de la inactividad yacen en una cultura que sostiene que la mayoría tiene el “derecho” de decidir la religión de toda la comunidad.
“El gobierno ha permitido que la persecución se desarrolle y se arraigue,” dijo. “Si el gobierno no interviene, casi siempre termina con la expulsión.”
Las violaciones a la libertad de culto y el desplazamiento forzado de las minorías religiosas han sido comunes durante décadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla, donde hay grandes poblaciones indígenas, de acuerdo a CSW. Los jefes políticos locales o caciques recurren a la “Ley de usos y costumbres” de México, la cual fue diseñada para impedir que el gobierno interfiriera en las costumbres indígenas locales, pero los católicos sincretistas la usan para forzar a los evangélicos a pagar y a participar en los rituales católicos “tradicionalistas.”
La Ley de Usos y Costumbres por lo tanto ha sido usada por las autoridades locales para violar, con impunidad, los derechos religiosos garantizados en la constitución mexicana, señaló CSW.
“Continuamos apelando al gobierno estatal para que cumpla sus obligaciones bajo la ley mexicana e internacional y urgimos al gobierno federal a intervenir si el gobierno estatal es incapaz o reacio a llevar a cabo sus responsabilidades,” dijo en una declaración Mervyn Thomas, director ejecutivo de CSW.
Las recientes expulsiones en Chiapas incluyen la de 10 protestantes a quienes los líderes del pueblo de La Florecilla en la municipalidad de San Cristóbal de las Casas forzaron a salir el 14 de enero después de que los cristianos rehusaron renunciar a su fe, de acuerdo a CSW.
También en Chiapas, el 8 de enero alrededor de 25 individuos armados y encapuchados quienes se cree que son caciques (o líderes políticos locales) según se informa atacaron a los evangélicos en la comunidad de Las Ollas en la municipalidad de San Juan Chamula por rehusarse a tomar parte en la fiesta de la virgen de Guadalupe en diciembre.
Aunque en principio ellos se opusieron a la fiesta de borrachera, los empobrecidos evangélicos se informa que dijeron que estaban dispuestos a pagar pero que simplemente no podían pagar los 250 pesos (US$16) por familia que los líderes del pueblo les exigían.
