WASHINGTON (BP) — El miércoles (8 de julio) la Suprema Corte de los Estados Unidos reafirmó en dos fallos con votaciones de 7 contra 2 que las iglesias y las organizaciones religiosas pueden tomar decisiones sobre el seguro médico de los empleados con base en sus convicciones.
En un fallo, los jueces reiteraron su apoyo para una “excepción ministerial” que permite a las iglesias y a otros cuerpos religiosos contratar y despedir a los empleados con base en sus creencias. En el 2012 habían fallado unánimemente a favor de tal excepción. En casos consolidados, dos escuelas católicas en la Arquidiócesis de Los Ángeles eligieron no renovar los contratos para dos maestros de quinto grado con base en lo que ellos denominaron un desempeño deficiente.
En su otro fallo, la Suprema Corte sostuvo las reglas federales que protegen los derechos de los empleadores con objeciones religiosas o morales ante el mandato sobre aborto/anticonceptivos en la administración de Obama. El fallo llegó después de una batalla legal de siete años liderada por las Hermanitas de los Pobres, una orden católica que sirve a los ancianos que viven en la pobreza, para ganar una excepción del requerimiento.
La Comisión de Ética y Libertad Religiosa (CELR) de los bautistas del sur celebró ambas decisiones como victorias para la libertad religiosa.
“Si una organización religiosa no puede reclutar líderes que concuerden con las creencias y prácticas de dichas organizaciones, entonces no puede haber una verdadera libertad religiosa. La corte lo reconoció hoy,” escribió Russell Moore, presidente de la CELR, en una opinión sobre la “excepción religiosa.”
Expresó su esperanza de que la decisión “pondrá en el pasado algunos de los indignantes intentos de incursión en la libertad religiosa por parte del Estado, y nos permitirá a todos avanzar en el futuro con una iglesia libre en un Estado libre.”
Sobre el fallo relacionado con las Hermanitas de los Pobres, Moore dijo que “sostiene uno de los principios más importantes del experimento americano en la libertad: que el Estado no es el dueño de las conciencias de los seres humanos.”
Los estadounidenses pueden avanzar con esperanza hacia una “arena pública en la cual podemos tener debates morales y doctrinales sin buscar forzar a la gente a escoger entre sus convicciones más profundas y el llamado al servicio al cual dichas convicciones les han guiado,” dijo Moore. “Estas joviales monjas ahora pueden servir a los pobres sin temer que el Tío Sam intente ser su Papa.”
En ambos casos, la CELR se unió a los informes de los amigos de la corte apoyando a las escuelas y a las monjas. En la opinión de la mayoría de la corte sobre la “excepción ministerial,” el Juez Asociado Samuel Alito citó el informe de la CELR.
“Estoy agradecido por ambas decisiones de hoy en la Suprema Corte que sostuvieron la protección constitucional de nuestra libertad religiosa para todos,” dijo Ronnie Floyd, presidente y CEO del Comité Ejecutivo de la CBS. “La protección de esta ‘primera libertad’ es vital para nuestras iglesias y otras organizaciones religiosas. También fue alentador ver al Juez Alito citar el informe de amigo de la corte presentado por la Comisión de Ética y Libertad Religiosa con respecto a los derechos de las organizaciones religiosas para contratar a quienes compartan sus creencias.”
Las decisiones de votación 7 contra 2 en los casos siguieron el mismo patrón de votación entre los jueces: Stephen Breyer y Elena Kagan, usualmente miembros liberales, se unieron al Juez Principal John Roberts y el ala conservadora — Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Alito — en la mayoría. En el caso sobre la “excepción ministerial, Breyer y Kagan firmaron la opinión de la corte, mientras que concordaron en el juicio del fallo de las Hermanitas pero presentaron una opinión concurrente.
Los otros dos miembros del ala liberal de la corte — Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor — disidieron en ambos casos.
En los casos sobre la “excepción ministerial,” los maestros cuyos contratos no fueron renovados demandaron a las escuelas. Un maestro alegó discriminación por edad, mientras que la otra reclamó discriminación por discapacidad causada por los tratamientos de quimioterapia que la llevaron a tomar unos días libres. Los jueces federales fallaron a favor de las escuelas basándose en la decisión de la Suprema Corte en el caso del 2012 Hosanna-Tabor vs. EEOC. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco revertió las opiniones, fallando que los maestros no calificaban para obtener una “excepción ministerial.”
Escribiendo para la corte, Alito dijo que los nuevos casos “caen dentro la misma regla que dictaron nuestra decisión en el caso Hosanna-Tabor,” aunque los maestros involucrados no tenían el título de “ministros” y tenían menos entrenamiento religioso que el maestro involucrado en la opinión pasada.
“Lo que importa, a fin de cuentas, es lo que hace el empleado,” escribió Alito. “E implícito en nuestra decisión en el caso Hosanna-Tabor estaba el reconocer que educar a los jóvenes en su fe, inculcar sus enseñanzas, y entrenarles para vivir su fe son responsabilidades que descansan justo en el centro de la misión de una escuela religiosa privada.”
La determinación de la corte sobre cómo “las escuelas religiosas descargan dichas responsabilidades socavarían la independencia de las instituciones religiosas de una manera que no lo tolera la Primera Enmienda,” dijo Alito.
La cláusula religiosa de la Primera Enmienda garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe que el gobierno establezca la religión.
Las Hermanitas figuraban entre las muchas organizaciones religiosas que buscaban una excepción de una regulación federal del 2011 emitida como parte de la implementación de la ley de la reforma de los cuidados de la salud que entró en vigor el año anterior. Esta ley exigía a los empleadores proveer a sus empleados la cobertura para los anticonceptivos, incluyendo aquellos con mecanismos que potencialmente inducirían abortos, de lo contrario enfrentarían serias multas.
Cuando emitió la regla controversial en el 2011, la administración de Obama proveyó excepciones para iglesias y sus auxiliares, pero no lo extendió hacia organizaciones no relacionadas con la iglesia, las organizaciones sin fines de lucro que también objetaron. La administración propuso casi 10 acuerdos para las instituciones que objetaban, pero ninguna satisfizo sus conciencias.
La administración de Trump emitió regulaciones interinas en el 2017 y reglas finales en el 2018 que protegían a los empleados con objeciones religiosas o morales contra el mandato sobre el aborto/anticonceptivos, pero Pensilvania, Nueva Jersey y otros estados retaron las reglas interinas. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia falló en contra de las Hermanitas a pesar de una vitoria en una corte superior en el 2016.
En la opinión de la mayoría, Thomas dijo que el fallo del Tercer Circuito “fue erróneo.” Los departamentos federales involucrados “tuvieron la autoridad de proveer excepciones de los requerimientos regulatorios sobre los anticonceptivos para los empleados con objeciones religiosas o de conciencia,” dijo.
Está claro, escribió Thomas, “el mandato de los anticonceptivos es capaz de violar” la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), una ley federal de 1993 que requiere que el gobierno tenga intereses convincentes y use los medios más angostos al poner una carga en el ejercicio de la religión en una persona.
Con base en previas decisiones del tribunal supremo, “el potencial para el conflicto entre el mandato de los anticonceptivos y la RFRA está bien establecido,” escribió Thomas. “Es más, nuestra decisión instruyó a [los departamentos federales] que consideren la RFRA de ahora en adelante.”
La CELR, GuideStone Financial Resources y otras entidades bautistas del sur se opusieron en informes como amigos de la corte al mandato sobre el aborto/anticonceptivos y su fracaso en la protección de las organizaciones no relacionadas con las iglesias y sin fines de lucro que objetaron el requerimiento. Anteriormente, GuideStone y los ministerios que representan habían ganado su reto legal en contra del mandato.
Los anticonceptivos aprobados federalmente para los cuales se exigía cobertura en el mandato incluyen el dispositivo intrauterino y tales drogas como el Plan B, la píldora “de la mañana siguiente.” Ambos poseen mecanismos post fertilización que potencialmente pueden causar abortos al evitar la implantación del pequeño embrión. La regla también cubre a “ella,” la cual — de manera similar a la droga abortiva RU 486 — puede actuar incluso después de la implantación del embrión para ponerle fin a la vida del bebé.
